El diputado proponente Diego Echeverría subrayó que de dicha ley, garantiza la participación social en la toma de decisiones sobre movilidad a través del Consejo de Movilidad Sustentable y Transporte, órgano honorífico que reúne a los sectores público, privado, académico y social, con el propósito de generar propuestas de políticas públicas que impulsen una movilidad sustentable.
En sus artículos 55 y 56, contempla la creación de consejos locales en cada demarcación territorial, en los cuales los presidentes municipales podrán integrarse, para que se tomen en cuenta las particularidades de cada región.
“La participación ciudadana, es fundamental para construir un sistema de transporte más eficiente, incluyente y respetuoso con el medio ambiente”, recalcó el legislador.
Aunque la ley fue publicada en marzo de 2020 y estipula en su régimen transitorio que el Ejecutivo del Estado debía emitir el reglamento correspondiente en un plazo de 180 días, hasta la fecha no existe dicha normatividad.
Al respecto, el gremio transportista ha señalado que, aunque el Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California (IMOS) ha fortalecido su estructura administrativa y operativa, aún no ha avanzado en sus funciones normativas y regulatorias, lo que ha impedido el reordenamiento del transporte público y la solución de problemas y rezagos de movilidad urbana persistente desde hace años.
“La falta de reglamento no solo afecta la instalación y funcionamiento del Consejo, sino también limita la capacidad de la ciudadanía para participar en la toma de decisiones, lo cual es trascendente porque la opinión de los usuarios debe ser tomada en cuenta cuando se toman decisiones que les afectan directamente, como los aumentos en las tarifas del transporte público o la exigencia en la mejora del servicio”, dijo el congresista.
El Punto de Acuerdo fue respaldo unánimemente por las y los legisladores en la Sesión de Pleno, y de forma particular solicitaron adherirse al exhorto las y los diputados Alejandrina Corral, Daylín García, Mayola Gaona, Humberto Valle, Yohana Gilvaja, Jorge Ramos, Tere Ruiz, Adriana Padilla y Dunnia Murillo. PARA EL CONSEJO DE MOVILIDAD
• La participación ciudadana es clave para lograr un sistema de transporte eficiente, inclusivo y sostenible
• A pesar de la publicación de la ley del rubro en marzo de 2020, aún no se ha emitido el reglamento correspondiente
Mexicali, B.C., sábado 5 de octubre de 2024.- El Congreso de Baja California emitió un atento y respetuoso exhorto a la Gobernadora del Estado, Marina del Pilar Avila Olmeda, para que instruya al Director del IMOS, Jorge Alberto Gutiérrez Topete, a fin de que expida la reglamentación correspondiente para la integración, operación y funcionamiento del Consejo de Movilidad, conforme lo establece la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado.
El diputado proponente Diego Echeverría subrayó que de dicha ley, garantiza la participación social en la toma de decisiones sobre movilidad a través del Consejo de Movilidad Sustentable y Transporte, órgano honorífico que reúne a los sectores público, privado, académico y social, con el propósito de generar propuestas de políticas públicas que impulsen una movilidad sustentable.
En sus artículos 55 y 56, contempla la creación de consejos locales en cada demarcación territorial, en los cuales los presidentes municipales podrán integrarse, para que se tomen en cuenta las particularidades de cada región.
“La participación ciudadana, es fundamental para construir un sistema de transporte más eficiente, incluyente y respetuoso con el medio ambiente”, recalcó el legislador.
Aunque la ley fue publicada en marzo de 2020 y estipula en su régimen transitorio que el Ejecutivo del Estado debía emitir el reglamento correspondiente en un plazo de 180 días, hasta la fecha no existe dicha normatividad.
Al respecto, el gremio transportista ha señalado que, aunque el Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California (IMOS) ha fortalecido su estructura administrativa y operativa, aún no ha avanzado en sus funciones normativas y regulatorias, lo que ha impedido el reordenamiento del transporte público y la solución de problemas y rezagos de movilidad urbana persistente desde hace años.
“La falta de reglamento no solo afecta la instalación y funcionamiento del Consejo, sino también limita la capacidad de la ciudadanía para participar en la toma de decisiones, lo cual es trascendente porque la opinión de los usuarios debe ser tomada en cuenta cuando se toman decisiones que les afectan directamente, como los aumentos en las tarifas del transporte público o la exigencia en la mejora del servicio”, dijo el congresista.
El Punto de Acuerdo fue respaldo unánimemente por las y los legisladores en la Sesión de Pleno, y de forma particular solicitaron adherirse al exhorto las y los diputados Alejandrina Corral, Daylín García, Mayola Gaona, Humberto Valle, Yohana Gilvaja, Jorge Ramos, Tere Ruiz, Adriana Padilla y Dunnia Murillo.
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