“La ciudadanía exige y obliga a los legisladores a sentar las bases para que el presupuesto participativo se convierta en una herramienta para empoderar a las comunidades, permitiéndoles decidir directamente sobre el uso de sus impuestos en proyectos prioritarios que resuelvan problemáticas locales y fomenten el desarrollo de infraestructura urbana”, explicó la inicialista.
Señaló que se propone reformar al artículo 85 de la Constitución de Baja California para asegurar la implementación efectiva del Presupuesto Participativo como un derecho de participación ciudadana, dado que el texto actual deja a criterio de los Ayuntamientos la asignación de recursos en los Presupuestos de Egresos, lo que limita su aplicación y afecta la capacidad de las comunidades para influir en el uso de los recursos públicos.
Asimismo, se considera modificar el artículo 90 a fin de establecer la obligación del Poder Ejecutivo del Estado para que formule en su presupuesto de egresos, la asignación de recursos para que sean ejercidos a través de la figura de participación ciudadana de presupuesto participativo.
Por último, la iniciativa prevé reformar la Ley de Participación Ciudadana de Baja California, para incluir un capitulo dedicado al Presupuesto Participativo, que defina sus objetivos, principios para el desarrollo de las consultas, requisitos de convocatoria, medios de difusión, publicidad de resultados, así como el órgano encargado de la organización y desarrollo del presupuesto participativo.
“Como ha sido costumbre de los legisladores y gobernantes de Movimiento Ciudadano, siempre se hemos promovido la consolidación de procesos democráticos, así como la construcción de gobiernos abiertos, en los que la ciudadanía desempeñe un papel protagónico en el desarrollo de políticas públicas. Con esta reforma, se busca transformar el Presupuesto Participativo en un instrumento tangible para la sociedad”, puntualizó Daylín García.
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