Rosarito Informa.-El Juzgado Primero de Distrito sobreseyó un juicio de amparo promovido
por tres ciudadanos contra la promulgación de la Ley de Deuda Pública
del Estado, al considerar que los quejosos no tienen interés legítimo
para oponerse a la legislación.
El Juez José Daniel Nogueira Ruiz
informó sobre la resolución del amparo 903/2011, promovido en contra
del Decreto 525 que crea la Ley de Deuda Pública del Estado.
"El
acto reclamado consistió en la publicación del decreto 525 que crea la
Ley de Deuda Pública, bajo el argumento de que dicha deuda fue contraída
ilegalmente, con documentos falsos y sin la autorización del Congreso
Estatal, oposición que, a juicio del quejoso, se encuentra establecida
en el artículo 17 de la Constitución local", informó el Juez.
"Este
órgano jurisdiccional por sentencia engrosada el 22 de junio de 2012,
resolvió sobreseer el amparo, estimando que no cuenta con interés
legítimo para impugnar el mismo ya que son cuestiones que deben
dirimirse entre los órganos del Estado y no genera una prerrogativa a
los particulares, sino por conducto de sus representantes".
Con el sobreseimiento se da por terminado el proceso debido a la inexistencia de delito o la responsabilidad del inculpado.
El
Congreso del Estado aprobó el año pasado la Ley de Deuda Pública que
permitió, entre otras cosas, renegociar los pasivos por casi 34 mil
millones de pesos contraídos durante el Gobierno de Humberto Moreira, en
su mayoría sin autorización del Poder Legislativo y con documentos
apócrifos.
La nueva legislación fue aplicada de forma
retroactiva, con lo que el Estado pudo "legalizar" muchos de los
créditos que originalmente se contrajeron a corto plazo, pero que a la
larga se hicieron impagables.
La Ley de Deuda Pública anterior
establecía que los créditos a corto plazo debían pagarse en seis meses,
mientras que la nueva amplió el plazo a un año, incluso sin la
autorización del Congreso.
Esta situación motivó a algunos
ciudadanos inconformes a promover un amparo contra actos del Congreso y
del entonces Gobernador interino Jorge Torres López.
Según el
juez, el 6 de octubre de 2011 se desechó el amparo, pero el Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa y Civil del Octavo Circuito,
residente en Saltillo, ordenó darle entrada.
Los quejosos fueron
identificados como Roberto Gerardo Herrera Hernández, Pedro Alfonso
Salazar Picón y Rosalba Beltrán Quintanilla, colaboradores del abogado
Reyes Flores Hurtado, principal promotor de los amparos contra la
megadeuda contratada durante el Gobierno de Humberto Moreira.
Flores Hurtado dijo que promoverá una revisión de la resolución emitida por el juez, una vez que sea notificado oficialmente.
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