La Diputada ensenadense aseguró que si bien la
sociedad bajacaliforniana ha mostrado aceptación a la medida de que exista un
control sobre la emisión de contaminantes de vehículos automotores, también a
la ciudadanía le siguen preocupando dos aspectos fundamentales: el impacto en
la economía, por el cobro periódico que tendrá este programa en tiempos en
donde se ha venido perdiendo el poder adquisitivo del salario, frente al
incremento del costo de los energéticos y alimentos básicos y, en segundo término,
por el hecho de no saber que se hará con los vehículos que no pasen la prueba.
¿Se les retirará de circulación, se tendrán que reparar o se les multará?
“Además nos han manifestado que este nuevo programa
podría terminar sólo en una práctica recaudatoria y peor aún, en una ventana
para la corrupción cuando los ciudadanos sean detenidos por el personal
verificador, por policías municipales o agentes de tránsito”, advirtió.
Agatón Muñiz agregó que en el artículo 113 y el 187 de
la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California, establece una
serie de medidas “para prevenir, controlar, reducir o evitar la contaminación
de la atmósfera”, lo que genera ciertas dudas las cuales aseguró, es primordial
que el titular de la Secretaría de Protección al Ambiente esclarezca, además de
una serie de medidas que propuso para atender el clamor de la sociedad bajacaliforniana.
“Considero necesario y les propongo cuatro acciones
a seguir por parte de esta Legislatura; primero, que se cite a comparecer al
Secretario de Protección al Ambiente del Estado, para que aclare a esta
Soberanía el sustento jurídico en la implementación del Programa de
Verificación Vehicular, ya que de acuerdo a la Ley de Protección al Ambiente,
el Gobierno del Estado podría estar invadiendo el ámbito de competencia
municipal; segundo, que aclare las sanciones o acciones que se emprenderán
cuando un vehículo no pase la verificación correspondiente; tercero, que se
proponga que dicho programa sólo sea enfocado a los vehículos
destinados al servicio público, al servicio de transporte de carga y
pasajeros, así como de aquellos destinados a una actividad económica, sea
empresarial o comercial y cuarto, que independientemente de los puntos
anteriores, se prorrogue la gratuidad de la verificación vehicular hasta el 1
de enero del 2013”, concluyó.
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