jueves, 6 de septiembre de 2012

Cuatro fracciones parlamentarias propusieron crear contralorías en el tribunal de justicia electoral y en el contencioso administrativo

Rosarito Informa.-En representación de las Fracciones Parlamentarias del PRI, PVEM, PEBC y PT, el Presidente de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público de la Vigésima Legislatura, Diputado Juan Vargas Rodríguez, propuso ante el Pleno de la Asamblea que tanto el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo creen su respectiva contraloría interna, enfocada a promover la transparencia y el apego a la legalidad.


Ambas Iniciativas fueron puestas a consideración de los Legisladores locales durante la sesión ordinaria correspondiente a esta semana y en lo concerniente al TJE, se propuso además que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, de aviso de irregularidades graves al Congreso del Estado y al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS).

Para este efecto, se propuso la reforma de la fracción V y la adición del artículo195, así como la modificación de los artículos 247, 249 y 272, todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

La intención legislativa es que si con motivo de la Auditoría Interna se llegaren a encontrar irregularidades graves o, en su caso, se hubiera presentado denuncia penal por las citadas irregularidades, se deberá informar de ello al Congreso del Estado y al Órgano de Fiscalización Superior en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del momento en que se detecte la irregularidad o se presente la denuncia penal correspondiente.

Por lo que hace al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, se propuso adicionar el capítulo séptimo con los artículos 27 bis y 27 ter, a fin de sentar el fundamento legal para la creación de una Contraloría Interna que, entre otras, tendrá las atribuciones de tramitar los procedimientos que se deriven de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

Además, si con motivo de la Auditoría Interna se llegasen a encontrar  irregularidades graves o, en su caso, se haya presentado denuncia penal por las citadas irregularidades, informar de ello al Congreso del Estado y al Órgano de Fiscalización Superior en un plazo de cinco días hábiles contados a partir del momento en que se detecte la irregularidad o se presente la denuncia penal correspondiente.

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