Rosarito Informa.-A iniciativa del gobernador Javier Duarte, y con el voto del PRI y del Panal, el Congreso local aprobó un sistema complementario de pensiones para los magistrados del Poder Judicial local, el cual otorga a los juristas la posibilidad de obtener hasta 70% de su salario actual al momento de su retiro, además de la jubilación normal que otorga el Instituto de Pensiones del estado.
Con 31 votos a favor y 11 en contra, el Congreso dio trámite sin confrontación ni debate el punto que convertirá a los magistrados veracruzanos en retiro en los mejor pagados del país.
En el dictamen elaborado por la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, se aprobó la modificación al artículo 38 y la adición de una fracción XXV a la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado que pondera el sistema de pensiones complementarias y el haber de retiro a partir de la jubilación de los magistrados.
A partir de que el decreto se publique en la Gaceta Oficial del estado, los representantes del Poder Judicial de Veracruz podrán recibir hasta 90 mil pesos de un Fondo que se creará a través del Consejo de la Judicatura, además de los recursos que recibirán del Instituto de Pensiones del estado (IPE), lo que los llevaría a recibir una dieta mensual por jubilación superior a su nómina como magistrados en activo, la cual ronda los 125 mil pesos.
En la sesión ordinaria, la cual inició con 140 minutos de retraso, los 30 diputados del PRI inclinaron la balanza para aprobar esta reforma al Poder Judicial, misma que los magistrados veracruzanos venían reclamando desde hace siete años.
El decreto enviado por el gobernador Javier Duarte quedó de la siguiente manera:
“Atendiendo a la disponibilidad presupuestal y a los lineamientos siguientes, se otorgará (la pensión) a partir de la fecha que surta efectos su jubilación, aparezca alguna incapacidad de carácter permanente o acontezca el fallecimiento del magistrado en activo.
“En ningún caso será menor al 70% del total de las percepciones que reciba un magistrado en activo; al fallecimiento del magistrado en activo, jubilado o incapacitado, se transmitirá al cónyuge, concubina o concubinario supérstite, siempre y cuando no contraiga nuevo matrimonio o dependa económicamente de otra persona. Los magistrados cuya antigüedad laboral en el Poder Judicial del estado sea menor a 20 años, recibirán un haber de retiro en los términos y montos que establezca el Pleno, que no podrá ser mayor al 50% del total de las percepciones que reciba un magistrado en activo”.
El beneficio abarca a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Tribunal de Conciliación y Arbitraje, Tribunal Electoral, el Tribunal Contencioso Administrativo y a los integrantes del Consejo de la Judicatura.
Dicha aprobación de pensiones para los magistrados del Poder Judicial del estado causó escozor entre los veracruzanos, diputados de oposición y la opinión pública, pues de acuerdo con cifras de la Cruza Nacional Contra el Hambre, en Veracruz hay cerca de 670 mil veracruzanos en situación de pobreza extrema.
En entrevista, la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros admitió que está iniciativa causó polémica antes de su aprobación.
Sin embargo, reparó en que durante décadas los magistrados veracruzanos fueron “el patito feo” de las administraciones estatales, en donde los juristas, jueces y litigantes de este poder trabajan en condiciones muy precarias.
“Ahora que nos van a distinguir con esta pensión y haber de retiro, ya todos (en alusión a exservidores públicos y políticos afines al PRI) quieren ser magistrados, ya todos quisieran estar como ahora estamos nosotros”, presumió.
Por separado, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Jorge Carvallo Delfín, admitió que los diputados locales aún no hacen el cálculo, de cuánto le costará al erario estatal la jubilación de los magistrados de Veracruz al año, tomando en cuenta que diversos juristas rondan los 70 y 80 años de edad.
De los legisladores del PAN, que votaron en contra, Danilo Alvizar manifestó: “Nosotros estamos en desacuerdo porque, por un lado, estamos hablando de la pobreza y por otro vemos que se les asignan recursos millonarios a magistrados”.
Fuente: Proceso
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