Por Pedro Martínez Serrano
Lo que hoy sucede en la Dirección de Inspección y Verificación, del ayuntamiento de Tijuana, con la remoción de un importante número de empleados de base, para colocar a personal de confianza, cuya acción fue ejecutada por el titular de la dependencia, el tal José Antonio Olivas Heredia, es un asunto al que no es ajeno el secretario municipal, Bernardo Padilla Muñoz. Él ordenó los acomodos de personal de confianza, para evitar fugas de información de los arreglos que se tienen con los propietarios de bares, cantinas y prostíbulos que se multiplican a lo largo y ancho de la ciudad.
Para nadie es ajeno que Olivas Heredia, no es más que un recaudador de Bernardo Padilla ante los lenones y enviciadores, en cuya tarea acumula millones de pesos al mes, los cuales resultan de cuotas que van de los 30 y hasta los 50 mil pesos mensuales. Me dicen que cada mes llegan al escritorio de Padilla cuando menos 15 millones de pesos.
Y es que el cálculo el sencillo, ilustró el informante, al promediar en 40 mil pesos la cuota por negocio, de cuando menos 400 de ellos, arroja la enloquecedora suma de 16 millones de pesos mensuales, de los que Bernardo fanfarronea ante quien lo quiere oír, que 10 millones de pesos llegan cada mes al escritorio del presidente municipal, Jorge Astiazarán Orci.
Para acomodar a su gente, el secretario del ayuntamiento, ordenó remover a personal de la Dirección de Inspección y Verificación, como bien ilustra el periodista Gilberto Lavenant Sifuentes en su Palco de Prensa del sábado anterior:
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