Rosarito Informa.-El Pleno del Congreso aprobó exhortar a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Juana Laura Pérez Floriano, con el fin de que informe de los planes y programas que implementa esta dependencia de gobierno estatal para atender la problemática de la clase trabajadora del sector productivo agrícola, así como de las acciones en pro de la defensa de condiciones justas de trabajo en Baja California.
El punto de acuerdo fue presentado en la Máxima Tribuna del Estado por el diputado José Alberto Martínez Carrillo, quien resaltó el papel fundamental que juegan los jornaleros agrícolas en la alimentación de los mexicanos y de la entidad, los cuales –dijo– no cuentan con una retribución justa en términos económicos, sociales y jurídicos, en franca contradicción con las ganancias millonarias que deja esta actividad para los empleadores.
“En Baja California no estamos exentos de esa realidad, y encontramos situaciones denigrantes que van desde la falta de un salario digno, el establecimiento de una jornada laboral que por mucho supera lo reglamentado, incluyendo en estas condiciones a los menores de edad, jóvenes entre 14 y 16 años donde siendo hijos de madres trabajadoras, las hacen firmar para responsabilizarse de ellos, evadiendo con esto sus responsabilidades los empleadores”, subrayó el legislador.
El representante popular del Partido Nueva Alianza dijo haber recibido quejas también por falta de claridad en el pago de horas extras y de utilidades por parte de las compañías empacadoras, que bien es sabido las tienen pero que nunca las cubren de manera justa; así como semanas de siete días laborales sin pago de prima dominical, cero vacaciones y mucho menos seguridad social, con la excusa de que se trata de trabajadores temporales.
Martínez Carrillo afirmó que éstas y otras prácticas inhumanas e ilegales son de las que los trabajadores del campo se quejan, situación que se agrava cuando han acudido a buscar asesoría en la Procuraduría del Trabajo, y se han encontrado –indicó– con diversas respuestas y actitudes de funcionarios públicos que, sin existir justificación, les contestan que no se puede hacer nada contra esta clase de patrones o, en el peor de los casos, los traen dando vueltas para buscar que se desmotiven.
Por último, mencionó: “Quienes representamos a la población bajacaliforniana, no podemos seguir ajenos a esta problemática que sucede en el Valle de Mexicali, en san Quintín y en general en el campo respecto a las fuentes de empleo, los salarios que ofrecen, las formas de pago de estos y, en general, las condiciones laborales con las que se trata al campesino y sus familias”.
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