La Comisión de Justicia de la XXI Legislatura, que preside el diputado Juan Manuel Molina García, aprobó de manera unánime que se incorpore en el Código Penal del Estado la prohibición expresa de utilizar medios alternativos de solución en el delito de violencia familiar; asimismo, se avaló que en caso de violencia en contra de menores de edad, no sólo el tutor podrá interponer la denuncia, sino cualquier persona.
Molina García, representante popular de Movimiento Ciudadano e inicialista de esta reforma, subrayó que su propuesta consiste principalmente en proteger a la víctima de violencia familiar, en virtud de que ésta (en el caso de mujeres) en muchas de las ocasiones actúa bajo amenaza o coacción de su agresor, o por dependencia emocional en el caso de niños violentados por parejas sentimentales.
Otra modificación aprobada al Código Penal por este órgano colegiado, fue la presentada por la legisladora Mónica Bedoya Serna a nombre de la fraccional parlamentaria del PAN, quien en su exposición de motivos se pronunció a favor de que le sea exigible a quien compra el metal fundido, sea este el propietario o representante legal de la comercializadora, una copia simple para acreditar o amparar la propiedad o el derecho para disponer de ellos, y en ese tenor, pueda operar la excluyente de responsabilidad.
Bedoya Serna explicó que “al encarecerse este material, motivó a algunos a sustraerlo, en consecuencia el delito de robo de cable de cobre estalló, hoy está en pleno auge, lo que aunado a la escasa vigilancia policíaca e impunidad, lo hace un negocio muy rentable no sólo para el que lo hurta sino también para el que lo compra, se trata pues de un delito de cuello blanco y en extremo organizado”.
Por último, esta Comisión avaló la iniciativa por la que se derogan los artículos del 136 al 142 del Código Civil del Estado, presentada también por la diputada Mónica Bedoya a nombre del Partido Acción Nacional, que tiene el propósito de eliminar la figura de los esponsales (promesa de matrimonio hecha por escrito y mutuamente aceptada), ya que dicha figura de ley –dijo la inicialista– en la actualidad carece de relevancia jurídica, por ser ineficaz, obsoleta e inadecuada a las necesidades reales de la población.
La legisladora justificó su propuesta al decir que “dado que la naturaleza de la referida institución es una promesa de matrimonio que se hacen los futuros contrayentes, la misma no genera derechos ni obligaciones a futuro, en virtud de que el matrimonio sólo adquiere validez jurídica al llevarse a cabo con las solemnidades y los requerimientos que establece la Ley Civil”.
Durante la sesión de trabajo de la Comisión de Justicia, llevada a cabo en la sala “Octavio Paz” del Poder Legislativo, estuvieron presentes los diputados Juan Manuel Molina García, presidente; Nereida Fuentes González, quien fungió como secretaria; y los vocales Gustavo Sánchez Vázquez y Rosalba López Regalado. Asimismo, participó la legisladora Mónica Bedoya Serna.
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