Rosarito Informa.-El
Diputado de Movimiento Ciudadano, Alcibíades García Lizardi, presentó ante el
Congreso del Estado un punto de acuerdo en el que se solicita al Gobierno del
Estado proporcionar información acerca del proyecto minero de El Arco,
encabezado por Grupo México, propiedad de Germán Larrea, el segundo hombre más
rico del país según la revista Forbes y uno de los principales beneficiados con
la privatización del sector minero.
La zona
conocida como El Arco, es un poblado que se ubica en la parte central del
Paralelo 28, en el límite geográfico de los Estados de Baja California y Baja
California Sur. “En dicha región, existe desde hace años, interés del consorcio
empresarial Grupo México de extraer los yacimientos de cobre, oro y plata en
base a explotación a cielo abierto, técnica minera altamente depredadora y
contaminante de suelo, agua y aire”, declaró.
Este
proyecto que, de acuerdo con declaraciones de autoridades del Estado, iniciaría
hacia finales del 2014 ha generado preocupación e incertidumbre entre casi 60
mil pobladores. Además agregó el
Diputado de Movimiento Ciudadano que “Grupo México tiene un amplio y negro
historial de incidentes y contingencias provocadas por negligencia y por una
actitud irresponsable, que ha provocado daños irreversibles al medio ambiente y
afectado la salud de miles de personas en varios de los proyectos que ha
emprendido en el país”.
El 6 de
agosto del año pasado, una falla en la operación de la mina de Cananea,
Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, propició el derrame de 40 mil
metros cúbicos de ácido sulfúrico al río Sonora, que abastecía a siete
municipios de agua para consumo humano y para actividades productivas; 25 mil
habitantes quedaron sin suministro del vital líquido, y la economía de miles de
familias quedó arruinada y días después un tren de Ferromex, empresa filial de
Grupo México, que transportaba químicos tóxicos que serían comercializados en
el extranjero, descarriló y volcó a escasos metros del Río Santa Cruz, en
Nogales, Sonora, derramando 240 toneladas de ácido sulfúrico.
Por lo que
solicitó que en su caso, también “se lleven a cabo las gestiones necesarias ante el
Gobierno Federal para que la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca, la Secretaría de Economía y la
Comisión Nacional del Agua proporcionen, respectivamente, los
expedientes correspondientes a las autorizaciones de impacto y riesgo ambiental
del proyecto; las concesiones mineras otorgadas por la Dirección General de
Minas a Grupo México SA de CV/Mexicana del Arco SA de CV; y las concesiones y
perforación de pozos de agua para el
desarrollo del megaproyecto”.
Cabe mencionar
que el punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad y que el Diputado de Nueva
Alianza, José Alberto Martínez Carrillo, se sumó al Punto de acuerdo debido a
que con anterioridad ya se había solicitado al Lic. Blancafort Camarena,
Delegado de SEMARNAT en la entidad, información sobre el proyecto minero a lo
que respondió que no existe ninguna solicitud de autorización en materia de
impacto ambiental para la instalación u operación de alguna mina en la parte
limítrofe sur del Estado por parte de Grupo México.
Las
autoridades tanto federales como estatales, deberán estar alertas a fin de
exigir las más estrictas garantías de seguridad a este consorcio empresarial o,
en caso contrario, cancelar todo tipo de permisos y concesiones otorgadas para
la exploración y explotación minera en la Península de Baja California.
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