Rosarito Informa.-La Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales (CGLyPC), que preside el diputado Roberto Dávalos Flores, aprobó ayer por unanimidad diversos dictámenes que contienen reformas a: Ley de Derechos y Cultura Indígena, Ley de Planeación y Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como la creación de la Ley de Centros de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado.
Esta Comisión avaló adicionar un párrafo cuarto al artículo 2 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena de Baja California, presentada en conjunto por los diputados Marco Antonio Novelo Osuna y Rosa Isela Peralta Casillas, con lo cual se busca reconocer plenamente a las comunidades enlistadas en el catálogo de comunidades indígenas que, mediante acuerdo general, determine el Ejecutivo del Estado, en base a estudios del INEGI, CDI y la CONEPO.
Los inicialistas buscan brindar certeza a las comunidades indígenas asentadas en Baja California, con el fin de ampliar el catálogo de localidades elegibles que puedan ser apoyadas con recursos federales y estatales, pasando de 32 localidades que se encuentran actualmente identificadas y validadas, a 285.
También fue aprobada la adición de un artículo 2 bis a esa mencionada ley, cuya inicialista es la legisladora Irma Martínez Manríquez, la cual plantea que las comunidades indígenas pertenecientes a cualquier otro pueblo, procedentes de otro Estado de la república y con el propósito de residir permanentemente dentro del territorio de Baja California, puedan acogerse a esta ley.
Por otro lado, la CGLyPC aprobó la creación de la Ley de Centros de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado, propuesta por el diputado Gerardo Álvarez Hernández a nombre del PAN, Panal, PEBC y PRD, cuya meta principal es cuidar la salud, higiene e integridad de los menores en guarderías y estancias infantiles, bajo la supervisión de las autoridades competentes.
Asimismo, busca fortalecer los aspectos de vigilancia, verificación, medidas de seguridad y las sanciones en las disposiciones que obligan a los sectores público y privado en la materia; además, establece que los inmuebles públicos, los establecimientos privados, centros laborales o cualquier otro sitio de concentración masiva, implemente programas y unidades internas, así como estudios y análisis de riesgos de sus instalaciones y actividades.
También fue aceptado modificar los artículos 83 y 104 de la Constitución del Estado, con el propósito de vincular, armonizar y homologar la información inmobiliaria entre el Registro Público de la Propiedad y Comercio de Baja California y los Catastros Municipales; lo anterior, a fin de fortalecer la seguridad jurídica en las operaciones y procesos registrales. Esta iniciativa fue planteada por los grupos parlamentarios del PAN, Panal, PEBC y PRD.
Por último, esta Comisión avaló modificar el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, para obligar a los funcionarios de gobierno a que proporcionen toda la información y datos que le solicite la institución de los derechos humanos, o bien fundar su negativa en caso de que decida no aceptar o no cumplir las recomendaciones.
Lo anterior, con la intención de reforzar los procedimientos y así atender con mayor contundencia las posibles violaciones a los derechos humanos que se presenten en la entidad.
Durante la reunión de la CGLyPC estuvieron presentes los diputados Roberto Dávalos Flores, presidente; Olimpo Hernández Bojórquez, secretario; y los vocales Felipe de Jesús Mayoral Mayoral, Miriam Ayón Castro y Cuauhtémoc Cardona Benavides. Además, se contó con la presencia de la legisladora Irma Martínez Manríquez.
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