Rosarito Informa.-El diputado Fausto Gallardo García presentó ante el Pleno de
la Asamblea Legislativa local una reforma al Código Civil de Baja California,
con el propósito de que cuando no sea posible comprobar el salario o los
ingresos del deudor alimentario, el juez fijará el monto de la pensión tomando
en cuenta la capacidad económica y el nivel de vida que el deudor y sus
acreedores han llevado durante los 2 últimos años.
En su exposición de motivos, el inicialista explicó: “El
hecho de que los ingresos que percibe el deudor alimentario no hayan sido
acreditados durante el juicio, no tiene como consecuencia que el juzgador lo
absuelva de dicha obligación; sin embargo, para estos casos el actual Código
Civil del Estado no regula la forma de fijar el monto de la pensión
alimenticia, lo cual va en perjuicio de los acreedores alimentarios”.
Agregó que de manera frecuente en los juicios de alimentos
se fijan pensiones insuficientes, ya que no es posible comprobar los ingresos
del demandado; además que, lamentablemente, es común que los deudores
alimentarios no proporcionen información sobre sus ingresos o soliciten a otras
personas que la oculten para no cumplir con sus obligaciones alimentarias.
Dijo también que es usual el no cumplimiento en tiempo y
forma con las órdenes judiciales de descuento, no obstante que los acreedores
alimentarios, como los menores de edad o adultos mayores, dependen de ello para
subsistir.
Por lo anterior, el legislador del Partido Verde Ecologista
de México informó que su iniciativa también tiene la intención de considerar
como responsable solidarios de los daños y perjuicios que se causen al acreedor
alimentario, a quien deba proporcionar informes sobre la capacidad económica de
los deudores alimentarios y no lo haga, y a quien no cumpla con las órdenes
judiciales de descuento, o auxilien al deudor alimentario a ocultar o disminuir
sus bienes o ingresos.
El diputado Fausto Gallardo refirió, además, que se
establecerá como una obligación del deudor alimentario, el dar a conocer al
juez cualquier cambio de su situación económica dentro de los 30 días
siguientes, y de no hacerlo, multarlo hasta con 50 salarios mínimos o el doble
en caso de reincidencia. Esta iniciativa, suscrita por los grupos
parlamentarios del PVEM, PRI, PAN, PT y Panal, fue enviada a la Comisión de
Justicia para su análisis y dictaminación.
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