Rosarito Informa.-Durante su participación en el Simposio Binacional “Los Estudiantes
que Compartimos”, la diputada Laura Torres Ramírez planteó la importancia de
que se reforme la legislación local en la materia de todas las Entidades del
país, para incorporar la ayuda a estudiantes
niños y jóvenes que arriban a nuestras fronteras, debido a los programas
de expulsión de EUA.
Esto debido a que 21
Estados de la República aún no tienen la formalidad de una Ley de esta naturaleza, contando solo con
programas de apoyo, argumentó la legisladora bajacaliforniana.
Dijo que la finalidad es que se atienda a esta población
vulnerable. También que se etiquete en el presupuesto de egresos de cada Estado,
una partida económica para amortiguar
este problema que lastima a la población mexicana, considerando que todas las Entidades Federativas deben ser
corresponsables de los mexicanos expulsados.
Así lo indicó al hacer uso de la voz en dicho evento, que
tuvo lugar recientemente en la Casa de la Universidad de California en la
Ciudad de México, con la participación de legisladores de México y Estados
Unidos, así como de Organizaciones Civiles de ambos países, quienes de manera
conjunta abordaron la situación de los estudiantes del otro lado de la
frontera, con el fin de generar posibles
soluciones legislativas hacia los retos que enfrentan.
Argumentó que la educación es un derecho humano protegido
por leyes internacionales y que el
fenómeno migratorio está también protegido por la ONU. Por ello consideró que
se requieren soluciones binacionales.
Laura Torres destacó que en Baja California fue aprobada por el Congreso local, la Ley para la Protección de los Derechos y
Apoyo a los Migrantes, de la cual fue
coinicialista. “Allí propusimos la
coordinación de los tres órdenes de Gobierno para brindar la atención adecuada
a migrantes que enfrenten situaciones de
vulnerabilidad como son las niñas, niños y adolescentes migrantes no
acompañados”.
Agregó que en esta ley considerada de avanzada, se
estableció el derecho que tienen los migrantes de recibir los servicios
educativos por parte del Estado. Además que ningún acto administrativo podrá
restringir ese apoyo solidario a los migrantes en la Entidad.
Finalmente mencionó que las remesas enviadas a nuestro país
en el año 2015 fueron aproximadamente de 464 mil millones de pesos, mientras
que el Fondo de Atención al Migrante
(FAM) tiene un monto actual de sólo 300 millones de pesos, “lo que
evidentemente es insuficiente para todo el país, sobre todo para abatir el
rezago educativo de los estudiantes migrantes repatriados”, por lo que les
propuso a los legisladores federales mexicanos que consideren un incremento al
Fondo de Atención al Migrante en el Presupuesto de la Federación (PEF) 2017.
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