Cero Grados.-El Vocero Partido Encuentro
Social en Baja California Aarón Pallares Aceves ha expresado el malestar no
solo del Partido sino de la población en general sobre el comportamiento de los
Gobiernos del Estado y Municipal de la ciudad de Tijuana Baja California con
relación a los contratos de obras y de prestación de servicios que se han concretado
en las últimas fechas.
A todos ha sorprendido la expresión del
Senador panista Víctor Hermosillo en el sentido de expresar “Que además de
Senador él es un hombre de negocios”, anteponiendo la actividad empresarial a
la de representación popular. Hermosillo Celada forma parte del grupo
empresarial beneficiado por la Ley de Asociaciones Público Privadas de Baja
California en la construcción del tramo de cuota Cañón Zapata que unirá como
vía de “cuota” el aeropuerto de Tijuana con Playas de Tijuana.
Hoy, el nuevo escándalo lo es en Tijuana la
administración de Manuel Gastélum Buenrostro al quedar descubierto el negocio
en la renta de vehículos y camiones recolectores de basura a una empresa sin
antecedentes en la materia, sin conocer la ciudad porque es una empresa de la
Ciudad de México en la que a decir del propio Alcalde participan sus amigos que
conoció cuando fue Diputado Federal.
Gastélum Buenrostro está entregando los
recursos económicos de los tijuanenses en una aventura que sin duda le redituará
en beneficios económicos a alguien, pero compromete esos mismos recursos con
que la ciudad, durante toda la historia, ha prestado el servicio.
Debemos recordar que en la historia de
Tijuana el servicio de recolección de basura ha sido ineficiente solo en la
actual administración, la administración anterior que presidio el Dr. Jorge
Astiazaran en ningún momento dejo de prestar el servicio o se advirtió un
problema de la magnitud que detono esta administración.
La asignación directa de los contratos de
arrendamiento de estos vehículos, camionetas, autos y camiones recolectores de
basura, deberán de ser revisados por el Órgano de Fiscalización Superior del
Congreso del Estado, se deberá de transparentar y hacer público el proceso y el
ORFIS deberá informar a la ciudadanía por conducto de los órganos competentes.
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