jueves, 8 de febrero de 2018

Derechos Humanos base fundamental para una óptima reinserción social

Cero Grados.- Con el objetivo de llevar buenas prácticas y trato digno en las personas privadas de la libertad en los penales de Baja California, directivos y comandantes de la Policía Estatal de Seguridad y Custodia Penitenciaria en días pasados acudieron a la conferencia acerca del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y la Aplicación de la Nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

El Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario, David Limón Grijalva, indicó que acudieron a esta conferencia organizada por las Comisiones Estatal (CEDHBC) y Nacional (CNDH) de los Derechos Humanos la cual fue impartida por el Director General Adjunto del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Carlos Garduño Salinas.


Precisó que unas de las acciones de la "Cruzada por la Seguridad: tarea de todos" que encabeza el Gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid  es prioridad garantizar en todo momento la seguridad de los privados de la libertad así como condiciones de vida digna al interior de los centros penitenciarios teniendo como base el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la educación, la salud y el deporte como medios para una óptima reinserción social.

Limón Grijalva destacó que por tal motivo constantemente se capacita a los Policías de Seguridad y Custodia Penitenciarios para llevar cabo buenas prácticas durante un traslado, atención a grupos vulnerables y durante la vigilancia en las celdas, talleres y áreas de deportes.


"En los Diagnósticos Penitenciarios de la CNDH de los últimos años Baja California se ha colocado entre los primeros lugares del país por garantizar la integridad física y moral del interno, estancia digna, mantener condiciones de gobernabilidad, reinserción social del interno y atención a grupos de internos con requerimientos específicos o especiales", destacó.

Durante el 2018 se trabajará de manera coordinada una política pública basada en los derechos humanos que involucre a instituciones, grupos civiles, religiosos y empresariales en beneficio de la población penitenciaria.

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