a los esfuerzos por combatir la corrupción
en las instituciones públicas de Baja
California, el diputado Jorge Eugenio
Núñez Lozano, presentó ante pleno del
Congreso del Estado, una iniciativa de ley
a fin de crear la figura de Testigo
Anticorrupción, la cual, tendrá como
tarea vigilar las licitaciones y adjudicaciones de obra que se realicen con recursos públicos.
El integrante de la XXII legislatura, manifestó la intención de terminar con los contratos no clarificados, materiales de dudosa calidad, inadecuado empleo del recurso humano y profesional, procedimientos de adjudicación, plazos de entrega de obra, entre otros.
“Con la creación de esta figura, estaremos a la vanguardia nacional, como único y primer Estado que implemente un Testigo Anticorrupción en lo relativo a la obra pública y adquisiciones gubernamentales”, precisó.
Durante su exposición de motivos argumentó que la presente iniciativa atiende a las propuestas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que en su estudio sobre índice Legal de Obra Pública establece que Baja California es una de las 15 entidades que genera mayor impacto en el Producto Interno Bruto (PIB), pero no cumple con los requisitos mínimos evaluados, por el contrario, alcanza apenas el 45 por ciento.
Por ello, el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Comercio Binacional, en respuesta a las exigencias de la ciudadanía, planteó esta reforma, en la que se modifican los Artículo 21 fracción XXI de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), Artículo 35 BIS de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios, así como el Artículo 21 BIS de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Entidad.
Núñez Lozano expresó que con esta proposición se brindarán mayores atribuciones al Comité de Participación Ciudadana del SEA, el cual tendría un Padrón de Testigos Anticorrupción, quienes cumplirían con la función de observar todas las licitaciones y adquisiciones de obra pública.
Todas las dependencias, entidades de gobierno, así como los órganos constitucionalmente autónomos del Estado, estarán obligados a informar de manera anticipada al SEA para que el Testigo Anticorrupción esté presente y pueda vigilar los procesos. Asimismo, tendrá la tarea de emitir un informe al sobre el proceder los funcionarios públicos y los procesos realizados.
Con esta figura se contribuirá a originar mayor competitividad del sector empresarial, además de generar mayor trasparencia de los recursos públicos y garantizar un estado de confianza a la ciudadanía al saber que sus impuestos son gastados de una manera correcta, finalizó
La propuesta, presentada por el legislador, fue puesta a consideración de la asamblea en la reciente sesión ordinaria, la cual fue presidida por el diputado Marco Antonio Corona Bolaños Cacho y turnada para su análisis jurídico a la Comisión de Gobernación Legislación y Puntos Constitucionales.
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