Cero Grados.-El Pleno de la XXIII Legislatura aprobó la
iniciativa presentada por la diputada Monserrat Caballero Ramírez, con el
objeto de reformar la Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos
Públicos, así como la Ley de Responsabilidades Administrativas, ambas del
Estado de Baja California.
La propuesta fue presentada a nombre de Morena, Partido del
Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Partido de Baja California, y
Transformemos, como parte de los trabajos realizadas en la anterior sesión
ordinaria.
El propósito de esta reforma es adicionar un último párrafo
al artículo 11 y reformar los artículos 13 y 23, de la primera de las leyes
mencionadas, además de adicionar un párrafo al artículo 57 de la Ley de
Responsabilidades.
El objetivo que persiguen los inicialistas es establecer las
condiciones legales para llevar a cabo el proceso de transición en un marco
serio y responsable, “porque las autoridades obligadas a hacer la entrega se
están comportando con poca seriedad, por decir lo menos” se asevera en los
considerandos de la propuesta.
En el caso del párrafo añadido se establece: “Toda la
información contenida en las fracciones anteriores deberá estar a disposición
de las comisiones de enlace nombradas por la autoridad pública entrante de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 13 de esta misma ley, el día después de
que haya sido reconocida legalmente por la autoridad competente”.
En este mismo artículo se especifica que la autoridad
pública entrante estatal o municipales, “constituirá comisiones de enlace de
inmediato, para que, en coordinación con la autoridad obligada a hacer la
entrega, quien igualmente deberá constituir las comisiones correspondientes,
inicien la transferencia de información, inmediatamente, sobre el estado en que
se encuentren los asuntos relacionados con recursos financieros y materiales.
En el texto de este mandato se precisa que los salientes
deberán entregar o mostrar toda la información que les sea solicitada y que “el
servidor público que se niegue a brindar la información requerida, estará
cometiendo una falta grave en los términos de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Baja California”.
Respecto a esta última, también se planteó reformarla en su
artículo 57 para asentar que “constituye abuso de funciones de un servidor
público el retraso, la dilación o la negativa a responder sin demora, con
diligencia y prontitud a cualquier solicitud de información de parte de las comisiones
de enlace previstas en el artículo 13 de la Ley de Entrega y Recepción de los
Asuntos y Recursos Públicos”.
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