Cero Grados.-El Pleno del Congreso local aprobó por
unanimidad un punto de acuerdo propuesto por el diputado Juan Manuel Molina
García (Morena), mediante el cual se exhorta al titular del Poder
Ejecutivo a que emita de manera urgente
un decreto de exención general del cobro del derecho previsto en el artículo
18, inciso h), de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019, con el
propósito de que en tanto se sigan expidiendo la llamadas “Cartas de no
antecedentes penales”, éstas sean completamente gratuitas.
En su
argumentación el legislador morenista dio a conocer que, actualmente, al
ciudadano que busca trabajo se le afecta de manera desmedida y absurda por
medio de la expedición de las llamadas “Cartas de no antecedentes penales”, las
cuales son requeridas por cada centro laboral al momento de solicitar algún
empleo, mismas que tienen un costo aproximado de 200 pesos.
“Lo cual significa un perjuicio económico para quienes no
cuentan con trabajo y lo están buscando, ya que por cada solicitud de empleo se
ven en la necesidad de obtener tres, cuatro o más constancias, que son en
extremo onerosas y que, en los más de los casos, el ciudadano prefiere
claudicar en la búsqueda de empleo”, subrayó Molina García.
Agregó que, aunado a lo anterior, jamás fue cumplido lo
estipulado en el artículo 6, sección XIV, de la Ley Nacional de Ejecución Penal
en el Territorio del Estado de Baja California, que mandata lo siguiente:
“Expedir de forma gratuita, por conducto de la Dirección de Ejecución, las
constancias de antecedentes penales, de conformidad con las disposiciones
aplicables, dichos antecedentes solo harán referencia a sentencias
condenatorias, por delitos de carácter doloso, debidamente ejecutoriadas”.
El diputado Juan Molina refirió, por otro lado, que dicha
norma jamás fue cumplida, pues el Ejecutivo del Estado las siguió incluyendo en
su proyecto de Ley de Ingresos, lo cual representa un perjuicio para el
ciudadano, ya que tiene un costo de lo más caro en el país; además de que no es
congruente hacer erogar ese dinero a la persona desempleada para acceder a una
entrevista que ni siquiera le garantiza empleo.
Por último, mencionó que “representa un prejuicio hacia la
persona que sí hubiere cometido alguna infracción penal, el hecho de que se le
exija dicha constancia para acreditar si ha sido sujeto de condena alguna, pues
tenemos que por el simple hecho de tener la aptitud de salir a la calle y
buscar un empleo, es porque éste ha cumplido con su condena, en su caso con el
tratamiento impuesto y el hecho de permitir que se le exijan estas constancias
de no antecedentes penales, orilla a la sociedad a prejuiciar y discriminar
sobre el otorgamiento de un empleo”.
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