La propuesta representa un cambio paradigmático al permitir a la ciudadanía participar de forma directa y secreta en la elección de cargos jurisdiccionales, fortaleciendo la democracia al garantizar que las decisiones del Poder Judicial reflejen las necesidades y aspiraciones de la sociedad, promoviendo una representación más equitativa y respetuosa de todas las personas.
Entre los puntos destacados de la reforma, se incluye que la elección de juezas, jueces y magistraturas será por medio del voto de la ciudadanía; las y los aspirantes deberán cumplir estrictos requisitos como poseer un título en Derecho, experiencia profesional mínima de tres años, y demostrar dedicación académica. Se establece un periodo de nueve años para jueces y magistrados, con posibilidad de reelección.
La iniciativa también contempla la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial y un Consejo de Administración independientes, encargados de la gestión técnica y administrativa del Poder Judicial. Estos órganos sustituirán al Consejo de la Judicatura, garantizando procesos transparentes y justos, así como la administración de la carrera judicial, salas y demarcaciones territoriales.
Se pretende fortalecer la justicia administrativa a fin de garantizar que los asuntos tributarios en sede judicial no sigan siendo procesos interminables que solo benefician a quienes tienen más recursos para prolongar los mismos a fin de adelantar su resolución.
Durante el análisis del proyecto, el Poder Judicial presentó una adenda que propone mantener la estructura actual de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, revisar los requisitos para magistraturas y jueces para evitar exclusiones injustificadas, ajustar la gestión de licencias para diferenciarlas según su duración y conservar el mecanismo de selección de personal judicial basado en concursos de oposición, entre otras consideraciones.
El Consejero Presidente del IEEBC, Luis Alberto Hernández Morales, resaltó la disposición del instituto para colaborar en la reforma electoral, subrayando la necesidad de coordinarse adecuadamente con el INE, especialmente en la integración de casillas y la geografía electoral.
También destacó la urgencia de ajustar la geografía electoral y obtener una ampliación presupuestaria, ya que los recursos aprobados para 2025 no cubren los costos de la elección.
En su intervención el diputado Juan Manuel Molina García, presidente de la Comisión de Gobernación, criticó el antiguo sistema de elección indirecta de jueces y magistrados, señalando que este se alejaba de la validación social y permitía prácticas como el nepotismo y la falta de transparencia en la impartición de justicia.
En contraste, destacó las bondades del nuevo mecanismo basado en la elección democrática, que fomenta la participación ciudadana directa, fortalece la legitimidad de los juzgadores y prioriza la eficiencia judicial mediante juicios más ágiles y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial.
“Este modelo, refuerza la conexión entre las personas juzgadoras y la sociedad, garantizando una justicia más accesible y responsable”, agregó.
De esta manera se concluyó que las manifestaciones vertidas por parte del Instituto Electoral como del Poder Judicial, serán consideradas en el resolutivo del Dictamen No.15 el cual contó con los votos a favor de las y los diputados, Juan Manuel Molina, Julia Quiroz, Michel Sánchez, Alejandra Ang, Evelyn Sánchez, Diego Lara, y Maythé Méndez, mientras que los votos en contra correspondieron a Daylín García y Diego Echevarría.
Asimismo se estuvieron presentes los diputados Eligio Valencia y Fidel Mogollón.
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