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El sobreendeudamiento
en nueve estados de la República pretende evadir la nueva disposición que
obliga a las autoridades federales, estatales y municipales a difundir la
información financiera de sus respectivas administraciones, así como de los
fondos de aportaciones federales.
La autoridad
competente en este caso sería la Contraloría Federal encargada de supervisar
que los recursos se apliquen debidamente y se termine con la opacidad. La deuda
de los estados y municipios suma más de 400 mil millones de pesos, según
cálculos de legisladores, basados en datos de la Secretaría de Hacienda
federal, lo que equivale al 11% del Presupuesto de Egresos de este año, que es
de 3.7 billones de pesos.
Sin embargo, organizaciones civiles estiman la posibilidad
de que la deuda sea más grande de la que oficialmente se reconoce debido a la
falta de transparencia en el manejo de los préstamos, solicitados en su mayoría
a la banca privada.
Además, se han
comprobado casos como el ocultamiento de deuda en el que han incurrido
autoridades estatales, como es el caso de Colima, en el que los temores de los
alcaldes se hicieron realidad y descubrieron un adeudo oculto, como en su
momento se hizo con Coahuila.
PARTIDAS SECRETAS.
Nadie sabe con
certeza en qué se usan los empréstitos solicitados por gobiernos estatales y
municipales porque éstos no han querido sujetarse a la Ley de Transparencia.
Hay una resistencia sistemática de los funcionarios a rendir cuentas del manejo
y destino final de los recursos públicos.
El ejemplo más claro es el ocurrido en el estado de Coahuila
donde de plano se emplearon documentos apócrifos para contratar deuda pública
con entidades financieras, hechos por los cuales se iniciaron averiguaciones
públicas y se liberaron diversas órdenes de aprehensión contra los presuntos
responsables, entre los cuales figura el propio ex gobernador Humberto Moreira
Valdés.
La responsabilidad de
este enorme boquete financiero se trasladará a partir del próximo 1 de
diciembre al nuevo presidente Enrique Peña Nieto, en cuyo equipo cercano se ha
manejado la posibilidad de crear un Fobaproa para rescatar a los estados lo que
implicaría además castigos ejemplares contra los responsables,
independientemente del partido político al que pertenezcan, Las evidencias hasta
ahora registradas indican que en los estados endeudados abundan las
irregularidades en los procesos de solicitudes del crédito.
Y como principales
responsables, figuran los propios mandatarios (ya sean gobernadores o
presidentes municipales) y sus secretarios de Hacienda.
Tampoco está exenta
de culpa la Secretaría de Hacienda federal, la cual carece de eficiente control
sobre este tipo de irregularidades para garantizar la transparencia en el
manejo de los recursos públicos que pueden tener un destino comprometedor del
desarrollo de las poblaciones durante las próximas generaciones.
Tampoco es
descabellada la versión de que gran parte de la deuda que enfrentan los estados
de la república sirvió para financiar campañas políticas, como lo ha venido
señalando la organización Claridad y Transparencia Ciudadana, surgida a partir
de la escandalosa deuda de más de 35 mil millones de pesos del gobierno de
Coahuila, a cargo del ex gobernador Humberto Moreira.
PIDIERON Y LES DIERON
Seis gobernadores pidieron a sus respectivos congresos
locales que les permitiera contratar deuda pública y ésta se aprobó. Una de las
entidades a las que sí les fue aprobado un crédito fue Quintana Roo, en donde
el Congreso estatal avaló por mayoría de votos la solicitud del gobierno de Roberto
Borge Angulo para abrir un crédito con Banobras por más de 302 millones de
pesos, a pagar en 20 años.
Dichos recursos son
para infraestructura educativa, al mejoramiento de las cárceles de Cancún y
Chetumal, y la construcción de un nuevo rastro en la capital. Este nuevo
empréstito se da a menos de un año de que el gobierno de Quintana Roo haya
reestructurado su deuda, la cual cifras oficiales la ubican en más de 13 mil
600 millones de pesos, según estimaciones de la Secretaría de Hacienda federal,
aunque Claridad Ciudadana reporta una deuda oculta superior a los 25 mil
millones de pesos.
El estado es uno de los más endeudados del país con más de
13 mil 600 millones de pesos, es decir un aumento del 337 por ciento respecto
del 2011, lo que consideraron como grave los legisladores de oposición, toda
vez que Roberto Borge asume su responsabilidad como mandatario con una deuda de
11 mil millones de pesos y se prevé que ésta pueda incrementar a 16 mil
millones de pesos.
Actualmente la deuda estatal representa 62% del presupuesto
anual de la entidad, informaron los miembros del Congreso estatal. Además, los
diputados también aprobaron que el Ayuntamiento de Cozumel contrate uno o
varios financiamientos hasta por 130 millones de pesos, con un plazo de hasta 20
años, que serán utilizados para refinanciar su deuda a corto plazo.
En Quintana Roo, con destinos turísticos de nivel mundial
como Cancún o Playa del Carmen, se disputarán 25 diputaciones locales y las
presidencias de los 10 ayuntamientos que conforman esta entidad. En el caso de
Chihuahua –donde se disputarán 33 diputaciones locales y 67 ayuntamientos–, una
hora después de que Fitch Ratings México bajara la calificación de la deuda de
ese estado y anticipara que nuevos pasivos degradarían su economía aún más, el
Congreso local aprobó en septiembre pasado la solicitud del gobierno del
priísta César Duarte Jáquez para contraer un nuevo crédito por mil 775 millones
de pesos.
Con el dinero
conseguido se pretende construir el edificio que albergará al Poder Judicial
estatal y nuevas inversiones como en obras y mantenimiento de centros de salud
a lo largo del estado, en obras y servicios públicos en municipios de alta
marginación, inversión en el C3 (para la evaluación de los cuerpos policíacos)
y en el Cereso Productivo de Juárez.
El gobernador señaló que la deuda de Chihuahua es
perfectamente manejable y no excede el equivalente al 4 por ciento del PIB
estatal. Unos días antes, el diputado plurinominal del PAN Héctor Ortiz Orpinel
alertó que los pasivos llegan a más de 22 mil millones de pesos.
En Sinaloa, el
gobernador Mario López Valdez, “Malova”, anunció una nueva deuda por 470
millones de pesos, los cuales serán destinados para un programa denominado
Cupón Cero y para mantenimiento de carreteras. En esta entidad se elegirán a 40
diputados locales y a presidentes municipales de los 18 ayuntamientos que
conforman a Sinaloa.
En Puebla, donde en
2003 se habrá de elegir a los 41 diputados locales y los 217 presientes
municipales, el Congreso estatal aprobó por unanimidad una línea de crédito de
7 mil 250 millones de pesos solicitada por el gobernador Rafael Moreno Valle.
Hasta entonces, la
deuda que arrastraba ese estado era de 13 mil millones de pesos. Para
justificarse, el panista aseguró que no endeudará al estado más de lo que hizo
su antecesor, el priísta Mario Marín.
Otro caso es Aguascalientes, donde se elegirán a 27
diputados locales y a 11 ediles. En mayo pasado el gobierno solicitó al
Congreso local una contratación de deuda con Banobras por 255 millones, la cual
quedaría dentro del Programa de Financiamiento para la Infraestructura y
Seguridad de los Estados (Profise).
Bajo este esquema, la entidad se obliga a cubrir durante los
próximos 20 años el interés que genere ese crédito. Además de que se dejó abierta
la posibilidad de una petición más de contratar adicionalmente deuda por 800
millones, sea con el mismo Banobras o con alguna institución privada. Por si
esto fuera poco, el gobierno encabezado por el priísta Carlos Lozano de la
Torre buscó un empréstito para poder cumplir con la instalación de la segunda
Planta Nissan en el estado, para lo cual se calcula una inversión de mil 700
millones de pesos cuyo costo que acumulará al ya de por sí deteriorado bolsillo
popular. En Hidalgo, el Congreso del estado autorizó un crédito de mil 57
millones de pesos que fueron empleados para la reconstrucción de
infraestructura dañada por el paso del huracán “Arlene” a finales de junio de
2011.
Y TAMBIÉN LOS
MUNICIPIOS
En sólo dos estados con actividad electoral local no fueron
los mandatarios quienes solicitaron préstamos, sino los presidentes
municipales.
En Veracruz, donde se
escogerá a 50 diputados locales y ediles de 212 ayuntamientos, el gobernador
tricolor, Javier Duarte de Ochoa, negó que su gobierno haya efectuado la
solicitud de un nuevo crédito y recordó que son 30 mil millones de pesos el
pasivo que arrastra la entidad, la cual ya se reestructuró por medio de una
bursatilización.
Sin embargo, 12 de
los 212 municipios –equivalentes a 10% de los ayuntamientos– ya han solicitado
al Congreso del Estado autorización para contratar créditos o recibir anticipo
de participaciones federales, muchos argumentando que era para saldar los pagos
de aguinaldos y salarios.
El diputado local
Óscar Agustín Lara declaró que “ya no se puede endeudarles más para gasto
corriente, porque si no pueden enfrentar éstos se debe únicamente a su falta de
previsión”.
Además, advirtió que la contratación de deuda sólo debería
autorizárseles en caso de la realización de obra pública.
En Tlaxcala, este año 21 de los 60 municipios contrajeron
deuda pública por 81 millones 425 mil 587 pesos para realizar acciones de
urbanización y construcción de infraestructura básica de salud y educativa.
Estos recursos
deberán ser liquidados un mes antes de que concluya la presente administración
municipal, pues los créditos no deben ser heredados. En ese estado, donde se
buscará elegir a 32 diputados locales y a los 60 presidentes municipales, un
municipio se puede endeudar financieramente hasta un 15% y a nivel estatal
hasta un 20 por ciento. Los que no pidieron.
De los 13 estados que
tendrán elecciones locales el siguiente año, solamente cuatro no solicitaron
créditos: Oaxaca, Zacatecas, Baja California y Durango.
El caso de
Tamaulipas, donde la población irá a las urnas para elegir a 36 diputados y 43
ediles, la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública del
Congreso del Estado desechó la solicitud que hicieran 18 municipios para
aumentar sus Tablas de Valores Catastrales hasta en 25%, al considerar que no
había motivos para ello.
En Coahuila –uno de
los estados más endeudados y donde se elegirán a 38 ediles–, el gobernador
priísta Rubén Moreira Valdés solicitó un crédito de 950 millones de pesos para
amortiguar la deuda de más de 35 mil millones que le heredó su hermano Humberto
Moreira.
Ante lo escandaloso de esta deuda y lo delicado de la nueva
contratación, la Cámara de Senadores exhortó al mandatario que antes de
solicitar un crédito, mejor debería transparentar toda la información referente
a la deuda actual de la entidad.
DEUDA Y GOBIERNO
FEDERAL
Rosarito Informa.-A pesar de lo que diga el presidente Felipe Calderón
Hinojosa, el nivel federal tampoco es un ejemplo de buen manejo de la deuda,
pues éste ha incrementado sus pasivos en este sexenio hasta 36.9% del Producto
Interno Bruto.
El legislador
perredista Raúl Morón pidió al pleno del Senado de la República que solicite al
gobierno federal absorber el total de la deuda pública de todos los estados,
además de que exigió castigo a todos los gobernadores y funcionarios estatales
y municipales que se enriquecieron con estas deudas.
Desde la tribuna del
Senado, el perredista argumentó que la Federación debe absorber estas deudas,
que agobian las finanzas estatales y municipales, porque fueron adquiridas ante
la escasez de recursos federales y el retraso con el cual fueron entregados,
principalmente en este sexenio.
Según expertos en temas económicos, esta propuesta es
injusta, porque se generaliza la deuda y, entidades que no tienen altos niveles
de pasivos, terminarán pagando parte de aquellos que sí adquirieron los
préstamos.
PUNTOS RELEVANTES DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL
Que los niveles federal, estatal y municipal difundan la
información financiera de sus administraciones. Dar a conocer sobre la
utilización de los fondos de aportaciones federales en rubros como la
educación, seguridad pública, salud, etcétera. Se prevén penas de entre dos y
siete años de prisión para los servidores públicos de los tres órganos de
gobierno que omitan, alteren u oculten dolosamente esa información y provoquen
algún daño patrimonial al erario.
Se plantea brindar asesoría técnica y apoyos financieros a
las autoridades de las poblaciones con menos de 25 mil habitantes, a fin de
auxiliarlos en el cumplimiento de sus nuevas obligaciones.
El Consejo Nacional de Armonización Contable expedirá a más
tardar el último día hábil de 2013 las normas y formatos para el cumplimiento
de la ley, para que las entidades públicas presenten progresivamente su
información financiera a más tardar en 2014.
Este contenido ha sido publicado originalmente por
SINEMBARGO.MX
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