Rosarito Informa.-Acalorado enfrentamiento tuvo lugar ayer entre la Sección 37 del SNTE y el Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación (SETE) ante la pretensión de la ejecución de la orden judicial del Juzgado Tercero Civil a favor de este último por la posesión de la Casa del Jubilado y Pensionado que finalmente no procedió debido a que se demostró que el propietario legal es el Gobierno del Estado.
Por lo anterior de nueva cuenta se remitió la demanda del SETE a los tribunales y el Gobierno del Estado entrará en el litigio como un tercero perjudicado para definir dicha situación.
Ante las diferencias y desacuerdos manifestados por los miembros de ambas organizaciones sindicales y a fin de evitar se desatara la violencia, se requirió la presencia de los elementos de las corporaciones policíacas municipales y estatales, que se mantuvieron a la expectativa resguardando el orden, para lo cual se restringió por varias horas el acceso por las vialidades colindantes.
La Casa del Jubilado y Pensionado de la Sección 37 del SNTE de la D-IV-I, ubicada en la colonia República Mexicana, donde tuvo lugar la trifulca de cientos de maestros de esta organización sindical y el SETE, luego de que este último recibiera la notificación de la orden judicial de la posesión del terreno.
A fin de dar cumplimiento a esta disposición, la actuaria licenciada Karina Acosta Dueñez, secretaria del Juzgado Tercero Civil, acudió al lugar con la fuerza pública para la ejecución de la orden judicial de la posesión del predio al SETE, lo que impidieron miembros de la Sección 37 que se adelantaron a resguardar el edificio tras el llamado de emergencia emitido por el secretario general José Alberto Martínez Carrillo, a través de los delegados, luego de enterarse de dicho fallo.
Ante esta situación, la actuaria decide suspender el trámite, momento que el dirigente de la Sección 37 aprovechó para notificar a los propietarios del terreno que en comodato proporcionó a esta organización sindical, en este caso el Gobierno del Estado, para hacerle entrega del terreno, quedando en su custodia en tanto se defina la situación en el juicio que se habrá de desarrollar para determinar a quién se le concederá la posesión.
Martínez Carrillo comentó que se encontraba en el valle en la celebración de los 50 años de la fundación de la secundaria número 13, al momento de recibir la notificación del movimiento judicial alrededor de las 10:00 horas, por lo que inmediatamente procedió a convocar a los trabajadores para que se abocaran a la Casa del Jubilado a fin de detener la ejecución de la orden judicial emitida por el Juez Tercero Civil.
El SETE, explicó, desconocía que el inmueble está en comodato y que el Gobierno del Estado es el legítimo propietario, por lo que solicitó la intervención de los mismos para las aclaraciones necesarias.
"Yo preocupado por algo que no es mío tengo que resguardarlo, por lo que me opuse a la ejecución de la orden judicial, recibí amenazas de que me iban a meter a la cárcel", justificó.
En representación del Gobierno del Estado, el licenciado José Saucedo presentó los documentos de prueba que los acredita como únicos propietarios del predio, los cuales fueron revisados por la actuaria, coincidiendo que el terreno en disputa es propiedad de la autoridad estatal, por lo que no se procedió a la orden judicial.
Para tal efecto, las partes involucradas firmaron el documento de la suspensión de la ejecución de la orden judicial para nuevamente remitir a los Tribunales el caso, haciendo constancia que el Gobierno del Estado es el dueño absoluto del predio y los encargados de decidir qué van hacer con éste.
El dirigente sindical reconoció que debido a la convocatoria urgente que emitió en algunos planteles estatales se suspendieron en las últimas horas las labores.
Esta acción, detalló, procede ante una medida de alerta de un ataque a cualquier prestación o bien de los trabajadores de la educación "estamos a una sola voz para defenderlos".
Por parte del SETE, José Manuel Olivas, secretario de Jubilados y Pensionados, explicó que desde la semana pasada la secretaria general de esta organización sindical, Alma Yolanda Barbosa, recibió la notificación de que se llevaría a cabo la ejecución de la posesión, por lo que hicieron acto de presencia en el lugar.
Esto, dijo, fue un despojo grave que hizo el ex secretario general de la Sección 37, Gregorio Carranza Hernández, después de ser nombrado diputado local porque tenía fuero, razón por la cual está un juicio abierto para él, en cuanto termine su gestión se le va a requerir debido a que este tipo de demandas se siguen de oficio, advirtió.
"Había un posesionario y contamos con el documento y el acto de entrega cuando el ex secretario general del SETE, Héctor Lara Moreno, quien falleció recientemente, fue electo en el Congreso Extraordinario".
Ahora, una vez más "Papá Gobierno vino a rescatar al SNTE", a la vez que puntualizó que todas las instancias están manipuladas por el mandatario, prueba de ello la ejecutoria federal de hoy (ayer) que las autoridades impidieron al presentar un oficio de suspensión de la orden ejecutoria, obstruyendo se aplique la ley, lo que no debió permitir, ya que posteriormente podía solicitar su propiedad a través de un Tribunal.
Además, destacó que el SNTE retiró a todos los miembros del SETE su fondo de defunción, el fondo de retiro, así como las pensiones alimentarias, no obstante que continúan cotizando, "lo que vamos a exigir al igual que se cumpla la ley".
Y advirtió: "Iremos a los Tribunales y con el Gobernador, porque él no debe apapachar para que no se cumpla la ley y se continúen violentando los derechos de los trabajadores".
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