Detiene PGJ a cinco ex alcaldes en Chiapas

Rosarito Informa.-Por denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Cometidos por Servidores Públicos (FEADSP) por el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, cinco ex alcaldes chiapanecos fueron aprehendidos en el transcurso de 24 horas.

De acuerdo con informes preliminares de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Chiapas, los ex presidentes municipales que fueron presentados ante el Ministerio Público son: Herminio Valdez Castillo, del municipio de Reforma; Miguel López Límbano, de Chicomuselo; Silver Eroy Corzo León, de Ocozocoautla (Coita); Jesús Arnulfo Castillo Milla, de Cacahoatán y Rodolfo Vázquez Martínez, del municipio Francisco León.

Todos los ex servidores públicos son investigados por los delitos de peculado, ejercicio ilegal del servicio público y asociación delictuosa.

La PGJ precisó que las investigaciones que encabeza la FEADSP, derivaron de las denuncias presentadas por el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, “quien a través de la revisión de las cuentas públicas, detectó diversas irregularidades”.

La procuraduría cumplimentó las órdenes de aprehensión según el oficio número FESP 05.11197.20212.12 derivado de la averiguación previa FESP/282/2012-12 del pasado 30 de diciembre, y ejecutadas este miércoles 2 de enero.

De filiación panista, Jesús Castillo asumió el poder municipal para administrar Cacahoatán en el periodo 2010-2012 a través de la alianza “Unidos por Chiapas” conformada por los partidos PAN-PRD-Convergencia y Nueva Alianza. Posteriormente aspiró a la diputación local por el XXIV Distrito.

Herminio Valdez Castillo ocupó la alcaldía de Reforma con la misma fórmula política; Miguel López Límbano, de Chicomuselo, por el Partido del Trabajo, Silver Eroy Corzo León asumió el cargo en Ocozocoautla por el PRI y Rodolfo Vázquez Martínez, de Francisco León, por el Verde Ecologista.

Al término de las administraciones estatal y municipal en 2012, al menos 70 municipios del estado se declararon en bancarrota, debiendo solicitar el rescate financiero para cumplir los compromisos más urgentes.

Luego de ser trasladados a las oficinas de los Ministerios Públicos locales para su certificación médica, los detenidos fueron concentrados en el edificio sede de la PGJ en Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, donde se continuará con sus procesos penales.