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Rosarito Informa.-El ex síndico del ayuntamiento panista de Tapachula, Daniel
Arévalo Díaz, fue detenido esta mañana acusado de los delitos de peculado,
ejercicio ilegal del servicio público y asociación delictuosa, informó la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
En un comunicado explicó que su aprehensión se derivó de la
denuncia presentada por el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del
Estado, asentada en la averiguación previa FESP/007/2013, iniciada por la
Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Cometidos por Servidores Públicos.
Agregó que según la denuncia derivada de la auditoría
practicada a la cuenta pública, “se detectaron retenciones y descuentos no
efectuados, no enterados o enterados incorrectamente; faltante de documentación
comprobatoria y erogaciones no justificadas; saldos pendientes de comprobar; no
existió una correcta supervisión del gasto, lo que ocasionó que los recursos
públicos no fueran justificados y comprobados debidamente”.
Arévalo Díaz, quien desempeñó el cargo en la administración
que inició el primero del 2011 y finalizó el pasado 30 de septiembre, fue
aprehendido por policías estatales en Tapachula, fronteriza con Guatemala.
Su detención se suma a la de siete ex alcaldes capturados la
semana pasada por delitos relacionados con el mal manejo de recursos públicos
durante sus respectivas administraciones.
Arévalo Díaz fue síndico del ayuntamiento que presidió
Emmanuel Nivón González, quien en abril pasado dejó el cargo para contender
como candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura del estado, y
que concluyó como interino su correligionario Heriberto Mendoza.
La PGJE manifestó que “diversas anomalías encontradas en las
cuentas públicas de diferentes ayuntamientos –entre ellos el de Tapachula--,
como parte del Ejercicio Fiscal 2011, impidieron que las nuevas autoridades
municipales cubrieran el pago a proveedores, así como solventar el pago de
aguinaldos y prestaciones de Ley a los trabajadores, afectando de manera
directa la economía de sus familias”.
Señaló que con la detención de los ex alcaldes y del ex
síndico, la PGJE “reitera su inquebrantable compromiso de llevar ante la
justicia a todo aquel servidor público que se haya apartado de la legalidad en
detrimento del patrimonio de los chiapanecos, por lo que continuará actuando
con eficacia y apego a la ley”.
Por otra parte, el alcalde priísta de Tuxtla Gutiérrez,
Samuel Toledo Córdova informó que el ayuntamiento de ese lugar inició un plan
de austeridad para enfrentar la deuda de cerca de 900 millones de pesos que
dejó la anterior administración.
En conferencia de prensa, explicó que el plan contempla la
reducción del salario en 50 por ciento desde el alcalde hasta los directores de
área, así como la reducción en el uso de teléfonos celulares de funcionarios
municipales y del gasto en combustible del parque vehicular municipal.
También dijo que se suprimirá el cobro de impuestos de 8 por
ciento por alumbrado público, aprobado el pasado 31 de diciembre por el
Congreso local como parte de la ley de ingresos municipal 2013.
“Acordamos en cabildo enviar al Congreso la precisión
correspondiente para aclarar todos las suspicacias jurídicas al respecto”,
expresó al tiempo de aclarar que “no contábamos aún con la autorización para la
celebración del contrato con la Comisión Federal de Electricidad”.
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