Rosarito Informa.-El Gobernador del Estado, Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid, reconoció hoy la importancia que ha tenido la participación ciudadana, a través de la denuncia anónima, en la generación de resultados en materia de seguridad pública, lo cual ha permitido posicionar a Baja California como un modelo exitoso en el combate al crimen, profesionalización, certificación y acción policial.
Durante la Firma del Acuerdo de Voluntades para la Operación Conjunta del Centro Estatal de Denuncia Anónima 089, el Ejecutivo Estatal refirió que los bajacalifornianos contarán a partir de hoy de un centro enfocado a recibir información relacionada a un delito que se haya cometido en perjuicio de la ciudadanía y canalizarla a las autoridades policiales en el Estado para su respectiva investigación.
“Pueden también denunciar de manera anónima a través del 089, delitos o infracciones que no se estén cometiendo en ese momento, o bien, situaciones que requieran de una labor de inteligencia o investigación, con la seguridad de que su identidad estará a salvo”, mencionó.
El Mandatario Estatal destacó la participación en este esquema de la Policía Municipal, Policía Ministerial del Estado (PME) y la Policía Estatal Preventiva (PEP), así como de las corporaciones de la Policía Federal Preventiva (PFP), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Marina.
Explicó que con la colaboración de la ciudadanía y el trabajo efectivo de los tres órdenes de Gobierno, Baja California continuará como un modelo sobresaliente de seguridad pública, acompañado de denuncia anónima mediante la ampliación de la cobertura de un Centro Estatal Innovador.
“Estamos atendiendo el compromiso que adquirimos con la ciudadanía en materia de participación ciudadana y seguridad pública, damos prioridad a las estrategias de inteligencia y prevención del delito para erradicar la delincuencia común de los municipios, especialmente de colonias y comercios”, refirió Vega de Lamadrid.
Por su parte, el Secretario Ejecutivo Adjunto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Luis Esteban Islas Bacilio, precisó que pocas entidades, como el caso de Baja California, se han certificado en sus procesos de seguridad pública, lo que le ha permitido consolidarse como un buen ejemplo a nivel nacional, al complementarse con la participación ciudadana.
“Felicito al Gobierno de Baja California por realizar sinergia con la población civil para atender el esquema de seguridad pública”, subrayó el funcionario federal.
El Secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Daniel de la Rosa Anaya, coincidió en que con estas acciones se fortalece la confianza y participación de los ciudadanos que han gestado desde junio de 2004, a través del Programa “Yo sí denuncio”.
Resaltó que para mejorar esta herramienta, el Gobierno del Estado estableció en junio de 2005 el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Operación del programa “Sistema Nacional de Denuncia Anónima 089” , por lo que además de contar con la opción telefónica, los ciudadanos tienen a su disposición medios alternativos para denuncias anónimas a través de la página de internet Seguridadbc.gob.mx, 32 buzones fijos y móviles instalados en las principales oficinas públicas y una aplicación para teléfonos inteligentes implementada en el C4.
“Por primera vez se incluye en componente ciudadano, a través de la participación de diversos organismos de la sociedad civil en las reuniones de seguimiento de las denuncias, transparentando con ello el funcionamiento del Centro Estatal de Denuncia Anónima, por lo que desde la puesta en marcha del programa se han recibido más de 163 mil denuncias, la captura de más de 19 mil delincuentes y el recate de más de 500 personas víctimas de violencia familiar, trata de personas o secuestro”, puntualizó el funcionario estatal.
Finalmente, la Procuradora General de Justicia del Estado, Perla del Socorro Ibarra Leyva, precisó que este nuevo esfuerzo de la administración estatal encabezada por el Gobernador Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid, representa un gran avance en la sistematización del combate a la impunidad, principalmente por la modernización con tecnología de primer nivel que facilitará la canalización, atención y seguimiento eficaz de las denuncias ciudadanas, con la garantía del anonimato.
“No sólo busca la coordinación entre autoridades, sino que no se concibe una sola acción institucional al margen de la voluntad de los bajacalifornianos, representados en este acto por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, por los comités ciudadanos de seguridad de cada uno de los municipios de la entidad, por el Observatorio Ciudadano de Seguridad y por el Consejo Coordinador Empresarial”, mencionó la procuradora.
En la firma de Acuerdo de Voluntades estuvieron presentes la Magistrada Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, María Esther Rentería Ibarra; el Diputado Presidente del Congreso del Estado, Felipe de Jesús Mayoral Mayoral; el Comandante de la Segunda Zona Militar, General de Brigada Diplomado del Estado Mayor Gabriel García Rincón; la Titular de la Unidad de Desarrollo e Integración Institucional, Nora Frías Melgoza, Representante del Comisionado Nacional de Seguridad.
También el Secretario General de Gobierno del Estado, Francisco Rueda Gómez; los presidentes municipales de Tijuana, Jorge Astiazarán Orcí; de Mexicali, Jaime Díaz Ochoa; de Playas de Rosarito, Silvano Abarca Macklis; de Tecate, César Moreno González de Castilla y en representación de Ensenada, el Secretario General de Gobierno, Jesús Jaime González.
El Coordinador Estatal del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Manuel Hernández Niebla y los presidentes del Observatorio Ciudadano de Seguridad Pública, Fernando León García; del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Jonathan Díaz Castro; de los comités ciudadanos de Seguridad Pública de Mexicali, Alejandro Vázquez Valadez; de Tijuana, Genaro de la Torre Quintanar; de Tecate, Juan Aldrete Márquez y de Playas de Rosarito, Eduardo Castro Jiménez.
De igual forma el representante en Tijuana de la Policía Federal, Miguel Ángel Zamarripa; los Delegados de la Procuraduría General de la República (PGR) en Baja California, Martín Ortiz Lerma y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Joaquín Enrique Palomera Ramírez y el Director General de DIF Estatal, Héctor Rivera Valenzuela.
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