Rosarito Informa.-El diputado Alcibíades García Lizardi presentó un exhorto a los 5 alcaldes de los municipios de Baja California, para que contemplen dentro de sus respectivos presupuestos de egresos del año 2015, la instalación de la nomenclatura en las vialidades de tránsito vehicular o peatonal, plazas, parques, colonias y edificios públicos, con el fin de que el ciudadano pueda orientarse de una manera eficiente y ágil por los centros urbanos y rurales de la entidad.
El representante popular de Movimiento Ciudadano afirmó que en los ayuntamientos de Baja California prevalece el serio problema de que muy difícilmente se encuentran los nombres, y mucho menos las nomenclaturas oficiales, no sólo en colonias periféricas, sino de manera reiterada en las propias cabeceras municipales.
“Al recorrer los cinco municipios, nos damos cuenta de que las señalizaciones que debieran indicar las nomenclaturas de las calles o no existen, o son vandalizadas o pintadas; son retiradas, ya sea para la venta del material como materia prima, o bien para coleccionarlas; incluso los mismos vecinos, al pintar su fachada, de buena fe le dan una retocada de color a la señalización desapareciéndola. Otras veces, a falta de la misma, los propios vecinos colocan el nombre, improvisando el señalamiento con material diverso”.
García Lizardi señaló que la nomenclatura urbana es un elemento fundamental de orden y planeación de las ciudades, la cual facilita la ubicación de los predios y las vías urbanas; además de que está diseñada para que la gente tenga una correcta orientación espacial y una adecuada referencia geográfica, y para que la autoridad municipal tenga el puntual registro de predios.
Por último, explicó que para las autoridades municipales, la nomenclatura vial y la numeración urbana oficial, entre otras muchas cosas, hace posible la labor de los operadores de servicios públicos, como de electricidad, agua y telecomunicaciones.
Asimismo, indicó que éstas son un factor determinante para: la instalación de infraestructura y el cobro de tarifas; mejorar la tributación local al permitir un mejor sistema de registro predial; organizar en forma racional el establecimiento de la supervisión y asistencia a programas urbanos con respecto a calles, diversas redes de servicios públicos e instalaciones, además de permitir y facilitar el trabajo de las autoridades electorales.
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