INFORME MUDO II
Francisco Castro Trenti
¿Qué debió informar Kiko Vega en seguridad y justicia?
Indudablemente los resultados del período que es lo que más les afecta e
interesa a los ciudadanos. Si la delincuencia va a la alza es irrelevante
conocer cuántos cursos se impartieron, cuántos edificios se remodelaron o
construyeron, cuántas patrullas se compraron, o qué otros recursos materiales
se adquirieron para las corporaciones policiales del estado aún en lo referente
a los servicios periciales. La lógica elemental indica que lo primero que se
debe informar es cuántos delitos se cometieron y cuantos delincuentes se
capturaron. No informar al respecto es ocultar la realidad para tratar de
esconder bajo la alfombra los malos resultados. Es entonces cuando hay que
escudriñar la información para descubrir lo que se trató de ocultar.
Para comenzar, en cuanto a las escuetas y convenientes
cifras que en el rubro “Seguridad Integral y Estado de Derecho” le escribieron
al gobernador, debe precisarse que se comieron 30 días de informe pues el
primero correspondió del 1º de octubre de 2013 al 30 de septiembre de 2014 (pag.
397) y el 2º de octubre de 2014
a agosto de 2015 (pag. 357), por lo que habremos de
asumir que será del día 1º al día 30, respectivamente.
Así pues, ¿cómo se va a medir la efectividad en
el combate a la delincuencia? La regla básica y fundamental es confrontar la
cifra de delitos cometidos contra la de procesos penales iniciados en el mismo
período. Decía también en el artículo anterior que en 2014, de los más de 107
mil delitos cometidos, el Poder Judicial inició 12 mil procesos, lo que
equivale al 88 por ciento de impunidad al quedarse en el olvido –porque eso es
el rezago o la reserva o archivo provisional- más de 95 mil. Y en 2013 fue
similar porque de los más de 104 mil cometidos sólo llegaron a proceso 14 mil,
quedando más de 90 mil en el olvido generando un 86 por ciento de impunidad. Esto
significa que en sólo dos años de gobierno más de 185 mil delitos han quedado
sin resolver, sin considerar los que se han cometido en el presente año y...
los que se sigan cometiendo.
De
estas caóticas cifras se desprende que en los años 2014 y 2015 se han robado
casi 30 mil vehículos, que han habido más de 112 mil robos en diversas
modalidades –a casa, a comercio, de vehículos, en vía pública, etc.-, que se
han cometido 1 mil 488 homicidios dolosos, que el secuestro ha crecido casi un
30 por ciento –los denunciados, claro-, al pasar de 33 a 41, y la violación 17 por
ciento –entre otros-. Y si bien el Poder Judicial indica que sumados ambos años
se han iniciado alrededor de 26 mil procesos penales, no existe ningún
indicador que permita conocer cuáles delitos cometidos son los que han llegado
a juzgado, esto es, se sabe de la cifra pero no el delito cometido. Entonces
cabe preguntarse ¿cuántos de esos robos, secuestros, homicidios, violaciones, etcétera,
se han esclarecido? Seguramente que muy pocos, porque contrario a que la
población penitenciaria se haya incrementado, ha habido un descenso constante
entre la que se contabilizaba en el último año de gobierno de Osuna Millán y la
actual. Debe hacerse en este punto una acotación para aquellos quienes podrían desviar
el análisis en relación con este tema, en cuanto a que ‘no se trata de
encarcelar sino de conceder tratamientos en libertad y que bla bla bla’ puesto
que el sistema tradicional aún vigente excepto en Mexicali, tiene una regla muy
clara al respecto: a delito grave, prisión forzosa. Entonces, otro ángulo de
medición de la efectividad del combate a la delincuencia lo será a partir de la
población recluida en los años que se analizan.
Al
cierre de gobierno de Osuna Millán habían 17 mil 589 reclusos en el estado, de
los que el 81 por ciento correspondían al fuero común; en 2014 la cantidad bajó
a 17 mil 341 internos de los que el 80 por ciento eran del fuero común y, para
este año, la cifra bajó a 16 mil 758 con un 81 por ciento correspondiente a
reos estatales; esto demuestra que en los últimos dos años la población interna
en los diversos reclusorios del estado ha disminuido, y entonces la ineficiencia
salta a la vista, pues si hay más delitos cometidos y hay en contraste menos
internos, sumado al hecho de que son pocos los procesos penales iniciados con
una impunidad promedio superior al 90 por ciento –incluyendo los diez meses de
2015- significa que la PGJE no funciona
y que está fallando.
Pero si
bien nada justifica la mediocridad de la PGJE, los delitos en el estado han
aumentado porque la prevención a cargo de los ayuntamientos y del propio estado
no está funcionando; por el lado estatal la Policía Estatal Preventiva –PEP- es
una corporación policial descompuesta e infectada en su corta existencia a
partir de noviembre de 2001 y que, por lo que se ha visto a lo largo de estos
pocos años, en nada ha venido a contribuir en la inhibición de la delincuencia.
No por nada la PEP es, a la fecha, la corporación policíaca con más quejas en
su contra por abusos diversos. Por el lado de los municipios los resultados
también saltan a la vista. Continuará.
APARTE:
Está por iniciar la glosa al informe por parte de los diputados, y los caóticos
resultados imponen el deber que sean citados los funcionarios responsables de
las áreas de seguridad y justicia ante el Pleno. Pero aún compareciendo en
Comisiones –Seguridad Pública, Justicia, Derechos Humanos- ¿sabrán qué
preguntar al respecto? ¿Tendrán interés en conocer el porqué de los ínfimos
resultados y del crecimiento de la delincuencia? ¿Podrán contribuir a reordenar
la errónea política de seguridad en el estado? ¿Sabrán escudriñar las causas de
porqué hay tantos delitos impunes? ¿Serán sus cuestionamientos o
posicionamientos más políticos y mediáticos que expertos y certeros? ¿Habrán de
preferir, entonces, las preguntas ‘barco’ para no perder concesiones, que se
traducen en plazas laborales y canonjías? ¿Qué le dirán a los cientos de miles
de ciudadanos agraviados por la delincuencia, a quienes la justicia no les ha tocado
la puerta? Ahora que si lo que ocupan es acordeón, pues… (también continuará).
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