Rosarito Informa.-La Comisión de Justicia (CJ) del Poder Legislativo local,
que preside el diputado Juan Manuel Molina García, aprobó por unanimidad una
iniciativa que reforma el artículo 306 del Código Penal del Estado, con el
propósito de crear el tipo penal para castigar a los servidores públicos que
pretendan limitar la libertad de expresión de los ciudadanos, mediante la
intimidación.
La
inicialista es la legisladora Miriam Ayón Castro, quien argumentó que su
propuesta buscar proteger las garantías constitucionales, respetar plenamente
la dignidad de la persona y los derechos humanos, a fin de preservar la
libertad de los particulares para emitir sus opiniones e ideas.
Para ello propuso establecer que comete el delito de intimidación, “el servidor público que por sí o por interpósita persona, utilizando la violencia física o moral, infunda o provoque miedo a cualquier persona para evitar que ésta manifieste opiniones o deje de hacerlo, relativas a la actuación de cualquier servidor público, respecto del desempeño de su función, empleo, cargo o comisión”.
Asimismo, la CJ avaló también por cuatro votos cuatro a
favor y cero en contra una reforma sugerida por el diputado David Ruvalcaba
Flores al Código de Procedimientos Civiles del Estado, la cual delimita el
tiempo de respuesta de las autoridades administrativas a las que se les gire
oficio de localización o búsqueda de uno o varios demandados.
En ese sentido, Ruvalcaba Flores incorpora dos elementos de
procedibilidad; el primero de ellos, que antes de la publicación por edictos,
el juzgador se auxilie de las corporaciones policiacas de Seguridad Pública,
estatal y municipal, a efecto de agotar por todos los medios posibles la
localización del pasivo procesal. El segundo, que en juicio de orden familiar,
además de lo anterior, se giren oficios de localización a diversas
instituciones públicas o privadas.
Por otro lado, este órgano de trabajo legislativo también
dio el sí a una reforma de los artículos 285 y 369 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, con el objetivo de que se reconozcan como medios de
pruebas, elementos fonográficos, electrónicos, medios de reproducción y
sistemas computacionales. Fue presentada por el diputado José Alberto Martínez
Carrillo.
Por último, la CJ aprobó por unanimidad una adición del
artículo 293 bis al Código Penal de Baja California, propuesta por el diputado
David Ruvalcaba, relativa a los delitos cometidos por los servidores públicos,
en su modalidad de abuso de autoridad.
La reforma dispone que se le imponga de cuatro a doce años
de prisión, al servidor público que en el ejercicio de sus funciones, ejecute,
produzca o coadyuve en la implantación, alteración o en ambos casos, en el manejo
de la evidencia, de forma dolosa, que tenga como objetivo producir una
afectación directa a una o varias personas, ya sea en su integridad física,
emocional, jurídica o en su esfera patrimonial.
Durante la sesión de la Comisión de Justicia, estuvieron presentes
los asambleístas Juan Manuel Molina García, presidente; Gustavo Sánchez
Vásquez, quien fungió como secretario, y los vocales Olimpo Hernández Bojórquez
y Nereida Fuentes González.
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