Rosarito Informa.-El diputado Roberto Dávalos Flores propuso ante el Pleno de
la XXI Legislatura, una iniciativa de reforma al artículo 279 bis del Código
Penal de Baja California, para aumentar las sanciones hacia las personas que
reporten falsas alarmas ante las autoridades que prestan ayuda y socorro a los
ciudadanos.
En su
exposición de motivos, el representante popular perredista subrayó que es
preocupante la cantidad de falsas llamadas de auxilio que se hacen a las
diversas autoridades que brindan servicio a la población, como es al Centro de
Control, Comando, Comunicación y Cómputo en el Estado (llamado C4), ya que
mencionó que del total de las llamadas recibidas, sólo aproximadamente el 20
por ciento son reales.
Dijo que lo anterior lleva a reflexionar del gran costo que
representa la movilización de todo el personal y equipo al que se hace
referencia, pues además de movilizarlos, las pérdidas económicas y de tiempo
para poder atender verdaderas emergencias es en perjuicio de la institución a
la que movilizan y de toda la sociedad en general.
“Existen personas que no valoran el esfuerzo que se realiza
para atender dichas llamadas. No hay que olvidar que por cada llamado de
auxilio, se movilizan seguridad pública, paramédicos, bomberos, grupos de
rescate y voluntarios, todos ellos capacitados de forma efectiva para salvar
nuestras vidas. Estos grupos de apoyo están a nuestro servicio todos los días
del año, a toda hora, sin importar si es o no día festivo”, refirió el
legislador.
Dávalos Flores explicó que el artículo 279 bis del Código
Penal, ya prevé como un subtipo del delito de Terrorismo, el supuesto de las
comunicaciones falsas sobre la existencia de explosivos, sustancias tóxicas,
biológicas, incendiarias o de cualquier otro medio capaz de causar daños en
instalaciones públicas o privadas, provocando con ello temor o terror a las
personas.
Sin embargo, ante el mal uso de las llamadas de emergencia,
el presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso local planteó agregar
lo siguiente:
“Si a consecuencia de la comunicación realizada, se provoca
un accidente con el cual se provoquen daños o se afecte la integración personal
de las personas, se impondrá pena de dos a cinco años de prisión y hasta
doscientos cincuenta días multa. Asimismo, deberá reparar el detrimento
patrimonial causado a las instituciones que acudan a consecuencia de la
comunicación falsa”.
La iniciativa del diputado Roberto Dávalos fue turnada por
la presidenta de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, a la Comisión de
Justicia para su estudio y análisis.
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