Rosarito Informa.-El diputado Fausto Gallardo García propuso ante el Pleno de
la Asamblea Legislativa local, una iniciativa de reforma a la Ley de Salud
Pública de Baja California, con el propósito de que se apoye mensualmente al
enfermo en situación terminal, cuando menos con una canasta alimentaria y el
pago de los servicios públicos, siempre que carezcan de una pensión o apoyos
que permitan su sostenimiento. Lo anterior, con independencia de los cuidados y
tratamientos a los que ya tiene derecho en términos de la Ley de Salud Pública.
En su
exposición de motivos, el representante popular del Partido Verde Ecologista de
México (PVEM) explicó que la enfermedad terminal es aquella que se caracteriza
por ser incurable, progresiva, invalidante e irremediablemente mortal con un
pronóstico menor a los seis meses, donde la persona que la tiene sufre de
dolor, además de un deterioro progresivo e irreversible en su calidad de vida.
En ese sentido, Gallardo García argumentó que su iniciativa
parte de un principio de solidaridad y empatía, con el fin de apoyar a aquellas personas que padecen alguna
enfermedad terminal, como por ejemplo
cáncer, diabetes, VIH-SIDA, entre otras, y que no tienen ingresos para su
sustento.
“Lamentablemente, el tratamiento de una enfermedad en estado terminal
exige destinar un alto porcentaje de los ingresos familiares o de la persona
afectada, por lo que con el paso del tiempo y el desarrollo del padecimiento se
vuelve económicamente imposible continuar con el mismo”.
Agregó que, además, esta clase de enfermedades incapacitan a
las personas, por lo que al no poder trabajar se encuentran obligadas a
abandonar los tratamientos respectivos, aunado a que tampoco pueden continuar
apoyando en la economía familiar. Dio a conocer que hay un sector de la
población que, no obstante tener un trabajo, no tiene acceso a los servicios de
previsión social, por lo que no tienen derecho a algún tipo de pensión o
simplemente no cuenta con el apoyo de alguien.
El diputado Fausto Gallardo aclaró que los apoyos propuestos
no tendrían que darse necesariamente en efectivo, ya que pueden otorgarse
canastas alimentarias. Dijo que de acuerdo con el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), para el mes de marzo
de 2016 una canasta asciende a un aproximado de
1,338.86 pesos mensuales por persona, tratándose de la canasta urbana
con 22 grupos alimenticios; y 959.72 pesos mensuales por persona, tratándose de
la canasta rural con 18 grupos alimenticios.
Y en el caso de servicios públicos, sugirió que el Gobierno
del Estado podría otorgar ciertas exenciones o subsidios tratándose de los
servicios que presta, o cuando se trate de otra clase, tanto el gobierno
estatal como los municipios podrían ofrecer otro tipo de apoyos.
Esta iniciativa viene suscrita por los diputados David
Ruvalcaba Flores, en nombre y representación de los integrantes del Grupo
Parlamentario del PRI; Armando Reyes
Ledesma y Julio César Vázquez Castillo, del PT, así como por Irma Martínez
Manríquez y José Alberto Martínez Carrillo, del Panal.
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