Rosarito Informa.-“La patente necesidad
de reconocimiento y protección de los derechos humanos de los presos, hace
urgente una revisión profunda de la política criminal y penitenciaria mexicana,
señaló la diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz, al presentar una Iniciativa
de reforma a la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales local.
Con la enmienda al artículo 42 de esta ley, la legisladora
plantea que en el procedimiento disciplinario de los internos en los Centros de
Reinserción Social de Baja California (CERESOS) cuenten siempre y en todo
momento con la asistencia de su abogado defensor.
En su exposición de motivos, se refirió al artículo 20
apartado B de la Carta Magna, relativo a los derechos de toda persona imputada,
en donde se establece que todos ellos tendrán derecho a una defensa adecuada
por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su
detención.
Pero si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de
haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público.
También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del
proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera,
agregó.
“Lo anterior lo expongo, debido a que hay varios procedimientos
que se llevan a cabo a los internos, sin la debida asesoría y asistencia
jurídica, creando un abanico de irregularidades que perjudican enormemente a
los principios constitucionales de igualdad, imparcialidad y certeza jurídica”,
enfatizó la legisladora Claudia Agatón.
Indicó que esto se ha venido observando en los llamados
Procedimientos Disciplinarios aplicados en estos centros en el Estado, en los
que una Comisión Disciplinaria conformada por diversas autoridades, de
conformidad con el Reglamento de estos centros, la cual se integra por: el
director o el subdirector en su caso del CERESO, quien la presidirá: el jefe
del Departamento Jurídico, quien además fungirá como secretario técnico; el
coordinador general de áreas técnicas, y el comandante o subcomandante.
Puntualizó que es más que lógico deducir que en sus
decisiones pudieran darse de forma parcial en contra de algún Interno,
aludiendo a falsos testimonios o agravando las sanciones que pueden perjudicar
seriamente sus derechos fundamentales, si este no cuenta con la debida
protección jurídica de un abogado
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