Confidencial Político

• * Corre plazo contra JMGB
• * El paso de Carlos Atilano
• * Indicador delictivo en BC
• * La cultura de la denuncia
• * Una oportunidad para Kiko
• *Antonio Morán, hasta el 19

Por: Enrique Méndez Álvarez / Bibi Gutiérrez

El lunes 28 de este mes, ante el Consejo general del Instituto Estatal Electoral, se presenta la solicitud de plebiscito mediante la cual se exige ordenar la suspensión del alza a las taritas de transporte a pasajeros, así como suspender temporalmente la concesión a una empresa privada la renta de luminarias para alumbrado publico en Tijuana.

El Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes que lidera el abogado CARLOS ATILANO, espera que el organismo electoral en Baja California, de cumplimiento al plazo de 15 días que le permitan analizar la aprobación o rechazo a la solicitud formulada a través del plebiscito.

En caso de que se validen las firmas correrían 60 días para lanzar la convocatoria mediante los medios de difusión en la frontera, aunque también existe la posibilidad de que el Instituto Estatal rechace la promoción ciudadana encabezada por CARLOS ATILANO, ya sea por falta de firmas o porque la institución declare incompetencia para admitir el instrumento de participación ciudadana avalado por la propia Ley Electoral del Estado.
De  esta forma, noviembre puede ser la fecha en que Baja California avance hacia la democracia directa, mediante el paso a la consulta popular.

De salirle bien el tiro al Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes, los tijuanenses van por una acción histórica de vencer a una pandilla de regidores del PAN, avalados por dos priistas y un traidor advenedizo, que votaron arbitrariamente para que el alcalde JUAN MANUEL GASTÉLUM, realice un ilícito negocio que le permitiría ganar unos 100 millones de dólares por la instalación de 80 mil luminarias en renta a 15 años.

Lo cierto es que con el actual ejercicio ciudadano, se determinaría que un plebiscito, supere la actuación de un gobierno que a modo, decide la renta de camiones para recolectar basura, renta de patrullas y renta de luminarias a pagar en 15 años.

De acuerdo a la ley, si el tres por ciento de personas que estén en el listado nominal, rechazan una decisión de cabildo, la autoridad esta obligada a acatar la determinación popular.

INDICADOR DELICTIVO

En un informe de Reporte Ethos, se descifra el gasto publico en seguridad y a través de este se contrasta información sobre lo que invierte el gobierno ante la gravedad de indicadores delictivos en el país.

El estudio refiere que debido a la violencia que vive el país, la respuesta inmediata gubernamental, ha sido aumentar el presupuesto en materia de Seguridad Interior.
De esta forma se desglosa que ante la creciente violencia en México, el gasto entre 2008 y 2015 creció 61%, pasando de invertir 27 mil 259 millones de pesos a 43 mil 957 millones de pesos, cifra que representa el 1.4% del gasto total del gobierno federal.

El mismo estudio revela que la mayor parte de los recursos federales destinados a seguridad interior se invierten en la policía, sin embargo pese al incremento de elementos del orden público en las calles, la capacidad de este personal es limitado e ineficiente tanto en materia de prevención, persecución, sanciones y castigo al delito.

Las cifras oficiales indican que en 2006 el gobierno de FELIPE CALDERÓN, tenía 11 mil 663 policías y que nueve años después, se llego a 43, mil 724 agentes federales, un incremento de 275%.
En materia de salarios un agente federal en 2010 ganaba 16 mil pesos y cinco años después, el sueldo se elevó en un 30%, para percibir 20 mil 500 pesos.
El Reporte Ethos, hace hincapié en que, con la desaparición del Programa Nacional de Prevención del Delito, las acciones en esta materia recaen en las secretarías federales, las que de acuerdo con el Anexo19 del Presupuesto de Egresos de la Federación este año ejercen 139 mil 152 millones de pesos, lo que se traduce en 2,8% del presupuesto total del gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO.

MÉXICO VIOLENTO
En este entorno, DALIA TOLEADO, coordinadora de Seguridad Pública de Ethos, establece que, el análisis muestra la existencia de algunas actividades cuya relación con la prevención del delito no es clara, de la misma forma como tampoco se dilucida si fueron pensadas y diseñadas para prevenir el delito o solo se trata de actividades que ya se realizaban en las dependencias federales y que de nuevo fueron re etiquetadas como gasto en prevención.
De acuerdo a las estadísticas, a pesar del incremento del gasto público en seguridad, México es uno de los países más violentos del mundo, con casi 16 homicidios por cada 100 mil habitantes y que incuso, no se ha podido regresar a los niveles de paz que se registraron antes del 2000, año en el que VICENTE FOX, del Partido Acción Nacional, llegó a la presidencia de la República.
En este mismo reporte, la directora de Desarrollo Económico y Social de Ethos, LILIANA ALVARADO, expone que a partir de 2014 los homicidios violentos se incrementaron a nivel nacional, esto es ya en el gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO,
Durante el año pasado, las entidades con mayor tasa de homicidios fueron Colima, Guerrero y Sinaloa con, 81, 61 y 38 homicidios por cada 100 mil habitantes.

CIFRA NEGRA Y DESCONFIANZA

Es vital hacer hincapié en que Reporte Ethos, puntualiza la existencia de una cifra negra, en el análisis del Gasto Publico en Seguridad de México, en virtud de que solo 1 de cada 10 delitos cometidos o no denunciados, queda registrado, lo que significa que el fenómeno delictivo en el país es mayor a lo reportado.
Desde luego que es importante especificar que para alcanzar la disminución de la llamada cifra negra, el gobierno requiere de una mayor capacidad para perseguir y castigar el delito.
Varias son las razones por las que se mantiene la lamentable cifra negra, es porque la ciudadanía se abstiene de acudir a denunciar los delitos que les perjudicar.
Enumerando estas razones, destaca que cuando menos el 31% de las personas no acuden a la autoridad porque lo consideran una perdida de tiempo, en tanto que un 16% tiene desconfianza en el gobierno y el 11% no acude ante la carencia de pruebas que exige la autoridad.
Es decir, impera la desconfianza entre la población por la ineficiencia de las instituciones investigadoras y que aplican la ley.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción durante el año pasado, el Estado de Guerrero fue el que alcanzo el lamentable primer lugar en cifra negra. 

RAZONES DE INEFICIENCIA
El indicador deja en claro que algunas de las razones por las que el gasto en seguridad pública en el país no funciona cabalmente, es en virtud de la opacidad e ineficiencia de las transferencias federales, por la inexistencia de una política preventiva, también por la escasa profesionalización de los cuerpos policiacos, por la impunidad y el poco personal dedicado a la procuración y administración de la justicia.
En informe del Inegi de 2016, se concluye que muchos rubros del gasto en seguridad son opacos, tanto en su destino como en sus resultados.
Esto mismo se traduce en la inexistencia de información confiable sobre lo funcional y lo que no da resultados y esto a su vez debilita la toma de decisiones en torno a la permanencia pertinente y detallada sobre que es lo apremiante en materia presupuestaria a fin de aplicar mas recursos en donde realmente sea útil.
La gravedad de los hechos deja en claro que mientras en México hay 3 Agencias del Ministerio Público, 7 agentes y 4 jueces por cada 100 mil habitantes, en los países de la Organización para la Cooperación  y el Desarrollo Económicos, existen 16 jueces por cada 100 habitantes.
En este sentido, cabe referir que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, fundada hace más de medio siglo y que agrupa a 35 naciones, entre los que se encuentra  México desde 1994, promueve para sus integrantes, bienestar político y social.
La OCDE es un foro en el que los gobierno promueven el ambientalismo, productividad, comercio, inversión y justo gasto publico. Sin embargo nuestra nación sigue sin alcanzar los parámetros que otras naciones de la propia organización fija, lo que significa que la procuración y administración de justicia en el país, son un cuellos de botella para el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Aquí en Baja California, tienen la palabra en torno a estas cifras, la Procuradora del Estado, PERLA IBARRA y el secretario de Seguridad en Baja California, DANIEL DE LA ROSA, a fin de que logren recursos suficientes para el aumento de personal en el Ministerio Público del Orden Común y multiplicación de policías en las cinco ciudades de la entidad.

SOLUCIONES
Pero dejando al margen la OCDE y retomando lo que indica el Reporte Ethos, sobre como el país puede hacer más eficiente su gasto en materia de seguridad, se destacan los siguientes puntos, 1.-La inminente necesidad de asignar y ejercer el gasto de manera inteligente, 2.-Focalizar y asignar recursos para la prevención basados en evidencia, 3.-Fortalecer las capacidades de los cuerpos policiacos a nivel sub nacional en seguridad, 4.- Incluir incentivos orientados a resultados en el diseño de los fondos federales, 5.- Fortalecer la procuración y administración de justicia.
Pero el aspecto primordial que sugiere este detallado diagnostico, es que el gobierno mexicano, debe promover la cultura de la denuncia, como consecuencia de la desconfianza ciudadana en torno a las instituciones que persiguen y castigan el delito.
CULTURA DE LA DENUNCIA
Es menester de cada entidad, en este caso del gobernador FRANCISCO VEGA, instrumentar eficaces y permanentes mecanismos que promuevan entre los bajacalifornianos, la cultura de la denuncia a través de mecanismos seguros que traduzcan la información proporcionada por el ciudadano en resultados tangibles y rápidos.
Es menester de la administración estatal, el combate de la corrupción en los cuerpos policiacos y en el Ministerio Público, así como en las mejoras en sus procesos, a fin de que provoquen el incremento en el nivel de denuncias y estas a su vez demuestren que la autoridad atiende y resuelve.
IMPUNIDAD
De acuerdo con el Índice de Impunidad Global, en materia de administración de justicia, del total de delitos consumados en el país, solo existe un 4.5% de sentencias condenatorias, es decir una gravísima impunidad que oscila en el 95%.
SE RUMORA
Según una encuesta ciudadana, el líder de abogados y ahora funcionario del Registro Publico de la Propiedad y de Comercio en Tijuana, ANTONIO MORÁN, sería hasta la campaña electoral de 2019, cuando pudiera ser contendiente al Congreso del Estado, se comenta esto en virtud de que hay un grupo de militantes y simpatizantes en el Partido Acción Nacional, que afirman estar de acuerdo que este personaje del albiazul, sea candidato a diputado federal en las elecciones de julio próximo.
Lo cierto es que ANTONIO MORÁN, tiene un singular acercamiento con lidere sociales, organismos de profesionista y grupos de estudiantes que incluyen nivel de bachillerato y universitarios, que le han llevado a que sea considerado como un certero proyecto a contender con éxito frente a las urnas, sea para la elección del siguiente año, o cuando se vayan a diputar alcaldías, gubernatura y Congreso del Estado.

 

TAN…TAN…