Cero Grados.-La Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex) propone que se establezcan “cuotas parciales de
recuperación” en la universidades públicas de México. De acuerdo con los
empresarios que integran ese organismo, esa sería una forma de garantizar la
viabilidad económica de tales instituciones educativas.
A través de un comunicado, la Coparmex señaló que el
crecimiento del sistema de educación superior en México ha sido significativo
en términos de cobertura y capacidades físicas instaladas; sin embargo, “las
deficiencias sistémicas en el proceso educativo y la frecuente falta de
pertinencia de los conocimientos transferidos y las competencias enseñadas, han
deteriorado su capacidad”.
De acuerdo con la organización de empresarios, al menos diez
universidades públicas estatales se encuentran en estado de insolvencia, y
otras muestran “signos graves” de falta de liquidez.
“En Coparmex coincidimos con el presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador, en la necesidad de reformar el sistema de educación
superior en México”, señalaron, pero no con la construcción de más
universidades, sino con el aprovechamiento “a plenitud” de las instalaciones ya
existentes.
Esto, porque una de las propuestas del ahora presidente
electo en campaña fue la de construir 100 universidades públicas a lo largo de
todo el país.
Sin embargo, expresó la Coparmex “un sistema de gratuidad
ciego y a ultranza puede afectar sobre todo a las universidades públicas que
hoy operan con salud financiera, y al mismo tiempo, ser regresivo para impulsar
mayores oportunidades y capilaridad social”, aseveró la Coparmex.
Los empresarios sugirieron “un cambio de paradigmas”, en el
que se reconozca los diversos perfiles económicos que acceden a la educación
superior en sus diversas modalidades, pues “hoy en día, una parte significativa
de la matrícula de las universidades públicas está conformada por estudiantes
provenientes de las familias de los deciles de ingresos más elevados”.
El modelo planteado por la Coparmex basa la viabilidad
económica en “la posibilidad de establecer cuotas parciales de recuperación en
las universidades públicas, aplicables a las personas que sí pueden contribuir
a solventar los costos del servicio educativo”.
De manera complementaria, y para ampliar las oportunidades
de acceso a la educación, propuso que el gobierno federal celebre convenios con
universidades privadas “de calidad reconocida, para que aquellos aspirantes que
cumplan con los perfiles académicos de ingreso, puedan obtener, de forma
transparente, becas parciales o totales”.
La Coparmex también señaló que las universidades deben
rediseñar los programas, los contenidos de los planes de estudio y los modelos
de enseñanza, pues “en el contexto internacional se exige profesionistas
preparados para ser competitivos”.
En México, el ingreso a la educación superior ha sido un
reto permanente: hasta 2016, solo el 17% de las personas de entre 25 y 64 años
de edad había cursado la educación superior.
Hasta el ciclo de 2016, la tasa de escolaridad en educación
superior fue de 32.1%, de acuerdo con el quinto informe del presidente Enrique
Peña; es decir, solo 3 de cada 10 jóvenes en edad de estudiar la universidad
pudo hacerlo.
Huelga del 99 en la UNAM
Entre 1999 y el 2000, en la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) se creó un movimiento estudiantil contra la modificación del
Reglamento General de Pagos, que tenía como objetivo modificar los conceptos de
pago por inscripción, cuota semestral y servicios, volviéndolos de carácter
obligatorio.
Esta propuesta provocó que diversos grupos estudiantiles se
constituyeran en Asamblea y se planteara la huelga como única respuesta posible
a la postura de Rectoría.
Tras la aprobación del nuevo reglamento, el 15 de marzo de
ese año, aumentaron las reacciones y manifestaciones de los estudiantes, lo que
finalmente derivó en el inicio de la huelga estudiantil, el 20 de abril de
1999.
Para el 2000, se convocó a un plebiscito por parte de
Rectoría, para pulsar la opinión de la comunidad universitaria sobre la
propuesta de la UNAM de dejar sin efecto el reglamento aprobado, a cambio de
terminar con la huelga.
El 90% de quienes participaron en la consulta votaron a
favor de poner fin a la huelga. El conflicto terminó con la entrada de la
Policía Federal Preventiva, el domingo 6 de febrero del 2000.
Fuente: www.animalpolitico.com
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