Por instrucciones de Enrique Díaz Pérez……
Por.- Alfredo Calva
Playas de Rosarito, B.C., 29 de junio 2019.- De nueva cuenta
el titular de la dirección de Tránsito y Transportes del VII Ayuntamiento,
Enrique Díaz Pérez, exhibe su ingente ignorancia y su ya conocida proclividad a
las acciones de corrupción, a través de su servilismo a un grupo de liderazgos
del sector transportista del municipio más joven del estado.
Liderazgos que se encuentran molestos con la empresa Baja Plus, que recién
brinda un servicio de transportación de pasajeros que les permite trasladarse
desde Tijuana a las demarcaciones de Playas de Rosarito y Ensenada, en unidades
de reciente modelo, con aire acondicionado, wifi, conductores presentables y
amables, y a precios accesibles, lo que representa para los usuarios una opción
y excelente oferta, a decir de los ciudadanos,
es un transporte bueno, bonito y barato.
Situación, que los nocivos y degradantes liderazgos transportistas no
pueden presumir, ya que su oferta de transporte es en unidades chatarra, caro,
inseguro y sucio, pero lo que si pueden exaltar, es su capacidad para obligar a
sus trabajadores del volante a que los
acompañaran a manifestarse en las instalaciones de la SCT en la ciudad de
Tijuana, y a solapar y aplaudir a sus dirigentes, Raúl Carrillo, Alfredo Guzmán
y Francisco Reyes, que de forma cobarde agredieron al reportero Juan Manrique
de Grupo Cadena.
Es por ello, que dieron instrucciones a Díaz Pérez, a quien colocaron al
frente de la dirección de Tránsito y Transportes desde la pasada administración,
para que operara a través de la dependencia a su cargo en contra de la, según
los lideres inconformes, desleal competencia de Baja Plus, éste, sin pérdida de tiempo giró instrucciones
a sus subordinados para que “cacen" a todas las unidades de transporte
público de pasajeros de la empresa Baja Plus, para que, bajo cualquier pretexto
impidan que continúen su ruta, les infraccionen y incauten el vehículo, sin
importar que ello sea ilegal.
Baja Plus brinda el servicio de transporte de pasajeros de la ciudad de
Tijuana con destino final en Ensenada, pasando por Rosarito y el Valle de
Guadalupe, y viceversa, siguiendo una ruta que se estableció previamente sobre
la carretera federal numero uno, lo que, obligadamente hizo que la empresa
solicitara la anuencia respectiva a la única autoridad con potestad jurídica
para otorgársela, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, conocida por
su acrónimo como la SCT.
De acuerdo a la anuencia otorgada a Baja Plus, el servicio de transporte que
brindan a los usuarios fue clasificado por la S CT como de “segunda", lo
que le permite no solo subir y descender pasaje en sus terminales localizadas a
lo largo de su ruta, sino también, de hacerlo en cualquier punto del recorrido
cuando así le sea requerido por los usuarios, siempre y cuando, señala la ley,
no se desvié de la carretera federal y salvaguarde la integridad de los pasajeros
y la unidad.
La estulticia e ignorancia de Enrique Díaz Pérez, no le permiten conocer y
entender que, de acuerdo a lo que establece la ley de la materia, sólo será la
autoridad federal, en el caso que nos ocupa, la policía federal (sección
caminos), quien tiene la facultad para sancionar a los vehículos de cualquier
tipo que transiten por las carreteras federales, de hacerlo autoridad de otro
nivel, se estará incurriendo ilegalmente en una injerencia de competencia
gubernamental.
Y como muestra solo un botón, en la mañana de hoy, en la terminal de Baja
Plus que se ubica en las instalaciones del hotel Castillos del Mar, sobre el
boulevard Popotla (que al igual que el boulevard Benito Juárez, son parte de la
carretera federal numero uno) de esta ciudad, encontrándose estacionado un autobús
en espera del ascenso de pasajeros, llegó al lugar uno de los agentes de Díaz
Pérez a exigir al conductor del vehículo los documentos de la unidad para “verificar”
que contara con los permisos correspondientes y documentos necesarios para
brindar el servicio, encontrando la “grave" irregularidad de que el chofer
la póliza de seguro la portaba en copia y no en original, por lo que fue
merecedor a que se le infraccionara y remolcara el autobús ante el juez
calificador.
Y no es la primer ocasión en que sus
“jefes" lo usan como su ariete de ataque, en los pasados meses de enero y
febrero, se dio a la tarea de acosar y sancionar indebidamente a la empresa de
transporte de personal Transfer H. Campos S.A. de C.V., quien fue contratada
por las industrias maquiladoras Hyunday y Heinessen, en reemplazo de las
pertenecientes a sus protectores, por tener unidades obsoletas y en pésimas
condiciones mecánicas, lo que ponía en riesgo la integridad del personal
transportado, acción lesiva, que puso en riesgo la permanencia en el municipio
de las industrias y en consecuencia, los mas de siete mil empleos que generan.
Este tipo acciones con fétido aroma de corrupción, no son novedad en la
dirección de Transito y Transportes, la imagen de la dependencia y de su de su
director, Enrique
Díaz Pérez , quien por cierto, lleva más de cinco años en el cargo, es la de su
proclividad a la corrupción y por estar domesticado a los intereses de las
empresas transportistas Quinto Municipio y Transportes Amaro, a quienes obedece
a ciegas para todas las triquiñuelas e irregularidades que vienen realizando,
la protección de transporte pirata, permisividad de circulación a unidades en
pésimas condiciones mecánicas entre otras, y a la vez, es utilizado por
estas como alfil para atacar a todos
aquellos transportistas que no se someten a sus caprichos y deseos.
La
empresa Baja Plus debe de combatir las ilegalidades en que incurre el personal bajo
las órdenes de Díaz Pérez, debe de solicitar la intervención de la policía
federal a través de la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR),
impedir que sigan con esa fase nociva de alta corrupción que ha sido el pan
cotidiano en la dependencia, gracias a la indolencia e inamovilidad (protección
simulada), de dos áreas fundamentales del gobierno municipal, la Sindicatura
Procuradora a cargo de Miguel Ángel Vila Ruíz, y la titular del ejecutivo,
Mirna Rincón Vargas.
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