Cero Grados.-Aunque el 60% de los comercios se adhirieron al Decreto de Estímulos Fiscales para la Frontera Norte que permite disminuir el IVA de 16% a 8%, éste no ha tenido un beneficio generalizado para todas las empresas, por lo que requiere de modificaciones y adaptarse a la realidad regional.
Así lo señaló Jorge Macías Jiménez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Tijuana (Canaco), quien mencionó que el sector de los importadores no aplicó al decreto debido a que no les favorece.
“La palabra correcta sería que no ha habido resultados tangibles, porque algunos participaron pero otros tantos no por lo complicado y otros no lo hicieron porque no les conviene”, expresó.
Tal es el caso de quienes importan mercancías de Estados Unidos, las cuales pagan un Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 16% al momento de introducirlas al país, explicó, y por tanto no le conviene al comerciante vender con un IVA de 8%, ya que enseguida se descapitalizarían.
El dirigente consideró que el decreto debe revisarse y modificarse de manera que todas las empresas reciban el beneficio, ya que actualmente solo el 60% de los comercios están adheridos.
Entre los factores por los cuales algunas empresas no solicitaron el beneficio, apuntó, están el que sus contadores les sugirieron no aplicar por lo complicado o riesgoso, mientras que otras no pudieron porque tuvieron alguna operación con alguna de las empresas tachadas por la Secretaría de Hacienda como vendedoras de facturas.
Macías Jiménez refirió que las autoridades se comprometieron a hacer revisiones del decreto, el cual debe tomar en cuenta las necesidades de las regiones, pues en el caso de Tijuana las empresas compiten con los comercios del sur de California donde el IVA es del 8% generalizado.
El plazo para solicitar el beneficio de este decreto de estímulos fiscales vence este domingo 30 de junio y se prevé que el porcentaje de empresas adheridas se mantenga en ese 60% o quizá un poco más arriba.
Para finalizar, el presidente de la Canaco Tijuana comentó al final del día el balance del decreto es positivo, debido a que se trata de un beneficio para el consumidor final que paga un poco menos por los productos, pero que sí requiere de mejorarse.
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