La funcionaria estatal señaló que la administración ha emprendido desde noviembre de 2021 una política de pleno respeto a los derechos humanos de los menores que se encuentran al interior de los albergues que opera la institución.
Sobre lo ocurrido la madrugada del 10 de mayo, la directora mencionó que fue por la misma situación que se expresaron los menores el pasado 6 de mayo, donde solicitaban que se les otorgara atención por parte de los abogados para reintegrarse con sus padres o familiares y no se les alargue su estancia en este albergue.
Vargas Núñez citó que está situación de orden jurídico es ajena a la institución estatal, sin embargo, recordó que en próximos días se estará realizando una jornada en dicho albergue, donde la institución hará la revisión de cada uno de los expedientes en lo particular, para establecer un diagnóstico y avanzar en los casos en los términos de las normas vigentes.
“En el albergue hemos tomado las medidas para que los menores puedan estar más seguros y protegidos, hay niños que tiene años institucionalizados y es una realidad, por eso hemos creado la figura de Familias de Corazón, en donde buscamos que los bajacalifornianos se puedan sumar a este apoyo a las niñas, niños y adolescentes DIF y que puedan recibir a los niños en sus hogares y brindarles amor, atención y cuidado en lugar de estar en un albergue”, afirmó la directora de DIF.
Destacó que el albergue de Tijuana está diseñado para 240 personas, pero actualmente se atiende a 251 menores, siendo el 80 por ciento de ellos, adolescentes que están en estado de abandono, en tanto que el 20% restante está a la espera de contar con una posibilidad de regresar al seno familiar, de ahí si incertidumbre y desesperación.
Por su parte, el director del albergue, Jonathan Archuleta, informó que el trato es muy bueno, así como el apoyo psicológico y jurídico de parte de la institución, sin embargo, la postura de los menores es tener respuestas rápidas en el plano judicial.
Asimismo, destacó que los menores no hacen referencia directa a malos tratos o falta de atención de parte del equipo de cuidadoras o del Gobierno del Estado de Baja California.
Agregó que, en ese aspecto, el proceso legal de cada uno de los menores es distinto, por lo que desde el primer momento se contó con la atención de la subprocuradora para la Defensa del Menor y la Familia en Tijuana, Briza Bentley, así como de distintas áreas de DIF Baja California, quienes se encuentran priorizando los derechos de las niñas, niños y adolescentes que están en este espacio.
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