Lo anterior, en relación a las agresiones sufridas por el periodista Antonio Heras, el viernes 24 de febrero, en el municipio de Mexicali, quien fue golpeado de manera brutal por personas y motivos desconocidos.
Sánchez Arredondo advirtió que estos ataques constituyen un agravio para la comunidad bajacaliforniana, pues las agresiones a Antonio Heras son un intento para transgredir el derecho de la población a estar informada, por lo que este caso debe ser esclarecido por las autoridades responsables de la procuración de justicia.
Señaló que los informes de la ONU y de la OEA emitidos en 2010 revelan que México es un país con altos índices de peligrosidad para el ejercicio periodístico, pues durante el periodo 2010-2011 fueron ejecutados 70 trabajadores de dicho gremio.
A su vez, la Fiscalía Especial de Atención Contra los Delitos de Libertad de Expresión (FEADLE) de la PGR, ha registrado durante el presente sexenio 248 denuncias por agresión a periodistas, de las cuales 109 son por el delito de homicidio y 139 por agresiones físicas y 28 por ataques a instalaciones de medios de comunicación; de los homicidios, la PGR sólo reconoce 32, siendo los estados de Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Baja California, Veracruz y Distrito Federal, en los que se han cometido estas agresiones.
Ante tales antecedentes, Nancy Sánchez advirtió que los bajacalifornianos reclaman un estado pacífico en el que los cobardes no amordacen a los informadores comprometidos con su oficio y su derecho a servir a la sociedad.
Sánchez destacó que en la XX Legislatura se encuentra en proceso de aprobación la Ley del Periodista para Baja California que atiende serios rezagos en materia de derechos de los comunicadores.
Sin embargo, precisó que es urgente que las autoridades contribuyan con respuestas oportunas en materias de seguridad pública y de administración y aprobación de justicia.
“De ninguna manera aceptaremos que el trabajo periodístico sea amedrentado y vulnerado; las autoridades deben de garantizar la libertad de expresión de todo ciudadano, sobre todo, tratándose de profesionales que por convicción y por ética hacen de su derecho de informar un servicio a la población. Por tal motivo exigimos que nuestras autoridades tengan esa misma ética y convicción en garantizar ese derecho” concluyó Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo.
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