Los sistemas de pensiones en México, en el mediano y largo plazo, representan un patrón de gasto continuo que pueden contribuir con la inestabilidad de las finanzas públicas, sostuvo la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010, detalló que los pasivos laborales de los Poderes Ejecutivo, Judicial y organismos autónomos alcanzaron más de una tercera parte del PIB de México, en ese año.
“En el 2010, la participación de los pasivos laborales respecto al PIB aumentó 13.5 puntos porcentuales, al pasar de 16.5% en 2007 a 30% en 2010”, remarcó.
El análisis detalló que los pasivos laborales en México registraron un déficit de 3 billones 321 mil 35 millones de pesos.
Esa situación es producto de activos totales que ascienden a 607 mil 224 millones de pesos, mientras los pasivos laborales fue de 3 billones 928 mil 259 millones de pesos.
El miércoles, la ASF entregó a la Cámara de Diputados el resultado de la fiscalización que hicieron en 2010, en donde la realizada al Sistema Nacional de Pensiones tenía como fin contribuir a la estabilidad de las finanzas públicas.
La auditoría sugirió a la Cámara de Diputados una serie de recomendaciones, entre las que se encuentra la realización de un análisis prospectivo de mediano plazo sobre aportaciones presupuestales que se requieren para fondear el valor total de las obligaciones pensionarias presentes y futuras.
Adicional a ello, la ASF planteó a la Cámara de Diputados analizar la factibilidad de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal incluyan disposiciones obligatorias para las dependencias y entidades de la administración pública que tienen a su cargo o administran regímenes de pensiones.
Estas entidades públicas deberán proporcionar a la Secretaría de Hacienda información sobre fuentes de financiamiento de los planes públicos de seguridad social.
Elevado pasivo laboral
También, sugiere sobre las prestaciones de sus beneficiarios y la sustentabilidad financiera de los esquemas de seguridad social, que Hacienda proponga alternativas en materia de pensiones, jubilaciones y demás obligaciones laborales.
“Establecer disposiciones que obliguen a los ejecutores de gasto a efectuar las valuaciones actuariales de los fondos de los planes de pensiones, jubilaciones y demás obligaciones laborales”, para generar un diagnóstico y comparable de la situación financiera y actuarial”, enfatizó.
Un problema adicional es que no existe una homogenización en la presentación de resultados por todos los que administran sistemas de pensiones.
Según la ASF, el monto total de los pasivos laborales representaban en 2007 un 42.8% del gasto neto presupuestario, pero se elevó a 75.3%, al cierre de 2010.
Añadió que los pasivos laborales pasaron de ser 10 veces el equivalente de la deuda neta del país a 11 veces dicho monto y que con relación a la deuda pública bruta del sector público federal (4,445,454.8 millones de pesos) representó el 86.5%.
En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010, detalló que los pasivos laborales de los Poderes Ejecutivo, Judicial y organismos autónomos alcanzaron más de una tercera parte del PIB de México, en ese año.
“En el 2010, la participación de los pasivos laborales respecto al PIB aumentó 13.5 puntos porcentuales, al pasar de 16.5% en 2007 a 30% en 2010”, remarcó.
El análisis detalló que los pasivos laborales en México registraron un déficit de 3 billones 321 mil 35 millones de pesos.
Esa situación es producto de activos totales que ascienden a 607 mil 224 millones de pesos, mientras los pasivos laborales fue de 3 billones 928 mil 259 millones de pesos.
El miércoles, la ASF entregó a la Cámara de Diputados el resultado de la fiscalización que hicieron en 2010, en donde la realizada al Sistema Nacional de Pensiones tenía como fin contribuir a la estabilidad de las finanzas públicas.
La auditoría sugirió a la Cámara de Diputados una serie de recomendaciones, entre las que se encuentra la realización de un análisis prospectivo de mediano plazo sobre aportaciones presupuestales que se requieren para fondear el valor total de las obligaciones pensionarias presentes y futuras.
Adicional a ello, la ASF planteó a la Cámara de Diputados analizar la factibilidad de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal incluyan disposiciones obligatorias para las dependencias y entidades de la administración pública que tienen a su cargo o administran regímenes de pensiones.
Estas entidades públicas deberán proporcionar a la Secretaría de Hacienda información sobre fuentes de financiamiento de los planes públicos de seguridad social.
Elevado pasivo laboral
También, sugiere sobre las prestaciones de sus beneficiarios y la sustentabilidad financiera de los esquemas de seguridad social, que Hacienda proponga alternativas en materia de pensiones, jubilaciones y demás obligaciones laborales.
“Establecer disposiciones que obliguen a los ejecutores de gasto a efectuar las valuaciones actuariales de los fondos de los planes de pensiones, jubilaciones y demás obligaciones laborales”, para generar un diagnóstico y comparable de la situación financiera y actuarial”, enfatizó.
Un problema adicional es que no existe una homogenización en la presentación de resultados por todos los que administran sistemas de pensiones.
Según la ASF, el monto total de los pasivos laborales representaban en 2007 un 42.8% del gasto neto presupuestario, pero se elevó a 75.3%, al cierre de 2010.
Añadió que los pasivos laborales pasaron de ser 10 veces el equivalente de la deuda neta del país a 11 veces dicho monto y que con relación a la deuda pública bruta del sector público federal (4,445,454.8 millones de pesos) representó el 86.5%.
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