La Iniciativa propone adicionar el artículo 250 ter
del mencionado código y fue presentada en la pasada sesión ordinaria del
Congreso del Estado por la Diputada Presidenta de la Comisión de Salud de la XX
Legislatura.
La adición propuesta establece: “Se sancionará con
prisión hasta de diez meses a diez años y multa de doscientos a mil días, a los
comerciantes o industriales que, aprovechándose de una
situación de emergencia o desastre provocados por factores geológicos,
hidrometeorológicos, químicos, sanitarios y socio-organizativos, alteren para
su beneficio personal, de manera dolosa y sin justificación, el precio de
las mercancías o productos tales como alimentos, agua y medicamentos”.
Además se agrega que, si a consecuencia de la
alteración de precios resultaran lesiones u homicidio, se aplicarán las penas
que por estos delitos correspondan.
Sobre el particular, la Legisladora recordó que los
mexicalenses que vivieron el terremoto de 7.2 grados Richter, del pasado 4 de
abril de 2010, constataron que al término del mismo y durante la
serie de réplicas, la ciudad Capital sufrió la interrupción del fluido
eléctrico y con ello los demás elementales servicios públicos,
principalmente del agua potable; fue por ello que miles de personas se avocaron
de inmediato a tratar de adquirir y comprar sobre todo el vital líquido, alimentos,
velas, baterías, lámparas, medicamentos y todos aquellos artículos necesarios para
la supervivencia.
Sin embargo, remarcó, en algunas zonas de la ciudad
y el valle de Mexicali se detectaron actos de abuso cometidos por
abarroteros, propietarios de plantas de agua para consumo humano y de comercios
en general, “los cuales se comportaron como chacales y aves de rapiña al
aprovecharse de la necesidad, del miedo, la desesperación y la angustia de las
familias”
Aseguró que algunos comerciantes inmorales optaron
por subir el precio de los artículos de primera necesidad hasta en un cien
por ciento de su valor normal y lo mismo hicieron con otros artículos
necesarios como son los alimentos.
Ante este panorama, dijo la Diputada Noriega Ríos,
es necesario revisar el marco normativo para evitar que en lo sucesivo los
malos comerciantes vuelvan a afectar a la comunidad.
La Iniciativa fue turnada para su análisis a la
Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.
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