Rosarito Informa.-En su primer año de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto desembolsó 4 mil 195 millones de pesos en publicidad oficial, con una característica particular: los contenidos fueron más propagandísticos que informativos, y peor aún, sin reglas claramente definidas.
Lo anterior se desprende de un documento presentado este miércoles por Fundar y Artículo 19, en el que se destaca que dicho monto equivale a 74% del dinero que el gobierno planea recaudar este año a través del impuesto a alimentos con alta densidad calórica.
En el análisis titulado “Publicidad Oficial: Recursos públicos ejercidos por el Poder Ejecutivo Federal en 2013”, ambas organizaciones manifiestan su preocupación de que no existan “señales de cambios sustanciales” en la gestión del mexiquense, y precisan que la distribución de los recursos en publicidad oficial privilegia la televisión, concentrando 33% del gasto (mil 392 millones).
“El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ejerció en publicidad oficial mil millones menos que Felipe Calderón en su primer año de gobierno, pero 700 millones más que Vicente Fox.
“En el mismo periodo, el presidente Felipe Calderón gastó 5 mil 261 millones de pesos, mientras que en 2001 el presidente Vicente Fox gastó 3 mil 495 millones”, detalla el texto.
Y destaca cómo aumentó el gasto en publicidad en la segunda mitad del 2013.
Hasta el mes julio se habían erogado 698.5 millones de pesos y en noviembre el gasto llegó a mil 996.5 millones. Esto es, un incremento de 186% en cuatro meses.
Posteriormente, el saldo se colocó en 2 mil 198 millones de pesos en tan solo un mes, para terminar el 2013 en 4 mil 195 millones de pesos.
Si los gastos en publicidad siguen en aumento, éstos podrían llegar alcanzar un monto de entre 6 mil 292 y 7 mil 383 millones de pesos en 2018, calcula el análisis de Fundar y Artículo 19.
Además, resalta que las secretarías de Turismo, Hacienda y Energía son las que más gastaron en el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto.
En 2013 el ramo que más recursos desembolsó fue Turismo, con mil 511 millones de pesos, seguido por Hacienda, con 846 millones, y Energía, con 479 millones.
El gasto ejercido por las últimas dos secretarías, apunta, se dio en el contexto de las reformas estructurales del año pasado que estuvieron acompañadas de una importante propaganda oficial como la reforma educativa y la energética.
En cambio, la Secretaría de Turismo “siempre ha sido un sector con un ejercicio importante en publicidad oficial con la promoción de México y de sus lugares turísticos a nivel nacional e internacional.”
Los organismos civiles subrayan en su análisis que la distribución del gasto en publicidad oficial privilegia la televisión, concentrando 33% del gasto (mil 392 millones). En segundo lugar se encuentra la prensa escrita, con 18% (736 millones), y en tercero la radio, con 14% (584 millones). En tanto, la inversión en internet sigue siendo marginal, con apenas 5% del gasto en publicidad oficial.
De igual manera, destacan que el gobierno reparte la publicidad oficial bajo criterios diferentes a los que rigen el mercado publicitario en su conjunto: 61% en televisión (televisión de paga y televisión abierta), 10% en prensa escrita y 9% en radio.
Según Fundar y Artículo 19, una razón principal para la ausencia de cambios en materia de transparencia es que ni el gobierno ni el Congreso cumplieron la promesa de julio de 2012 para regular la publicidad oficial, apuntan.
Incluso, en el periodo extraordinario que inicia este miércoles para discutir la reforma político-electoral, no se incluirá una sola propuesta para regular la publicidad oficial.
Las organizaciones puntualizan que a pesar de los evidentes problemas, “los legisladores dejaron la regulación del uso de la publicidad oficial fuera del predictamen de la reforma electoral que se presentará para su aprobación esta semana en sesiones extraordinarias”, violando flagrantemente el tercer transitorio de la reforma constitucional en materia electoral, que exigía que el Congreso emitiera la legislación antes del pasado 30 de abril.
Ante esta falta de voluntad de Ejecutivo y Legislativo federales, subrayan, las deficiencias en el uso y la asignación de la publicidad oficial seguirán fomentando “la opacidad, la corrupción y la censura sutil”, pues estos “problemas estructurales sólo se pueden resolver mejorando el marco normativo, la rendición de cuentas y garantizando la implementación efectiva de estos cambios”.
En su conclusión demandan la necesidad de una ley general que impulse la transparencia, el uso racional de los recursos públicos y el combate a la corrupción. “Esta solución debe buscar garantizar la libertad de expresión, el derecho a la información y la pluralidad informativa en el país”, sostienen.
Fuente: Proceso
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