Por Gerardo Fragoso M.
Caravana con sombrero ajeno
Listo para ser investido como héroe de los burócratas,
José Roberto Dávalos Flores, presidente de la comisión de Gobernación,
Legislación y Puntos Constitucionales, tomó su lugar al dar inicio a la sesión
que su cónclave dictaminador celebró la tarde del 29 de abril.
Dávalos esperaba sumar unos valiosos puntos en el ábaco
con el que ha jugado y jugará toda la legislatura: Su ambición de ser
presidente municipal de Tijuana.
Consideraba tener todos los cabos atados: Una asamblea
estatal y un sindicato divididos, una ley indefendible desde la perspectiva del
trabajador, la veneración de la disidencia trabajadora.
Veneración obtenida a base de engaños, pues Dávalos les
había inoculado que solo él, en su calidad de presidente de la citada comisión,
podría salvarlos de su Apocalipsis parlamentario.
Y, con el arranque de la sesión, empezó la ejecución del
libreto escrito por Dávalos y sus asesores.
Todo marchaba sobre ruedas hasta que una decena de
asambleístas determinó hacer una versión libre de la historia original
delineada por el perredista.
Resulta que, antes de la sesión, el secretario General de
la sección tijuanense del sindicato de Burócratas y cabeza visible de la
disidencia, Manuel Oceguera Villa, y la líder estatal del mismo, Victoria
Bentley Duarte, se habían reunido con tres diputados claves: René Adrián
Mendívil Acosta, Cuauhtémoc Cardona Benavides y Gustavo Sánchez Vázquez, en la
sala de Presidencia del recinto parlamentario.
Mendívil, Cardona y sus compañeros Rodolfo Olimpo
Hernández Bojórquez, Felipe de Jesús Mayoral Mayoral y Miriam Josefina Ayón
Castro, habían construido una adenda para salvar la reforma a la ley del
Servicio Civil. La cuestión era simple: Se avanzaba un poco esta vez o no
habría avance alguno, al menos, hasta 2017, ya que los dos siguientes años son
electorales y nadie le iba a entrar al tema.
El documento redactado se concentraba en finiquitar el
polémico capítulo II, titulado ‘De la supresión de empleos públicos’ –corazón
de la reforma que delinearon la administración estatal, la municipal de la
capital bajacaliforniana y Bentley–, que habría permitido a cualquier gobierno
correr empleados sindicalizados al por mayor.
De lo perdido, lo hallado. A la propuesta de Mendívil,
Cardona, Mayoral, Hernández y Ayón, se sumaron Sánchez, Francisco Alcibíades
García Lizardi, Armando Reyes Ledesma, Fausto Gallardo García y José Alberto
Martínez Carrillo.
Oceguera apoyó el escrito, Bentley lo rechazó y fingió
demencia, luego, en la sesión, ante el subsecretario de Gobierno para Asuntos
Legislativos, Rubén Ernesto Armenta Zanabia.
Con dicha propuesta bajo el brazo, la citada decena
parlamentaria llegó a la sesión de la comisión de Gobernación, Legislación y
Puntos Constitucionales.
Dávalos andaba en su libreto cuando le deslizaron el
citado documento. Primero, no supo o no quiso saber qué hacer con él, hasta que
Mendívil y el diputado mexicalense Juan Manuel Molina García le indicaron el
procedimiento.
Y decimos que no supo o no quiso saber porque el
perredista entendía bien que el citado documento lo tiraba del pedestal al que
ya se había subido. Sin capítulo II, la disidencia estaría contenta, y el ya no
se podría investir como salvador de los derechos de la clase trabajadora.
Por eso, a Dávalos se le puso el gesto adusto ante la
adenda, la mirada pálida y su voz, ronca de forma intrínseca, dibujó los
decibeles de la molestia.
Su apuesta, consistente en derrotar a la reforma con un
dictamen negativo, así como la obtención de un aval para este en el pleno, se
desdibujaba. Ese camino lo investía como héroe de los sindicalizados y, lo
mejor, en el terreno donde más lo necesitaba, que es Tijuana.
Entonces, empleó varias tácticas dilatorias –el martes
era el último día para darle tramite a la mencionada reforma–, tales como darle
la palabra al presidente del colegio de Abogados Laboristas, Mario Cervantes
Williams, así como a Oceguera y Agustín Morales Osuna, líder del Sindicato
Estatal de Trabajadores de la Educación de Baja California.
Ante la insistencia de Mendívil y Cardona para que
deslizara y votara la adenda, Dávalos puso a uno de los autores de la misma a
leerla completa, proceso que llevó más de 30 minutos.
Como no tuvo de otra que aceptar y avalar la misma,
Dávalos pidió que su equipo encargado de la relación con medios de comunicación
le redactara un boletín donde lo único que faltó es que se dijera que los
burócratas lo habían sacado a hombros del palacio legislativo, como si fuera Eloy
Cavazos tras una corrida apoteósica.
Dávalos demuestra que no tiene un ápice de ética cuando,
en su comunicado, no menciona a los autores del documento citado.
Si ese corchete no hubiese existido, con Dávalos y sin
Dávalos se hubiese ido al pleno la reforma con todo y el capítulo II. Y,
probablemente, se hubiese aprobado. Y, en unos meses, decenas de empleados
basificados hubiesen salido del gobierno.
Y es que un presidente de comisión, como lo es Dávalos,
por más presidente que sea, no puede, solito, evitar que una iniciativa suba al
pleno, o que llegue a este de tal o cual forma. Aunque Dávalos se hubiese
opuesto, si los restantes 24 diputados estuvieran de acuerdo, el capítulo 2 se
sube al pleno, se vota y, eventualmente, se aprueba. En el supuesto de que el
integrante del partido del sol azteca se negara a dictaminar, bastaba subir una
iniciativa con dispensa de trámite y voilá.
Se vale presumir logros, pero no ajenos, y menos
aprovechándose del desconocimiento que la mayoría tiene del procedimiento
legislativo.
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