Rosarito Informa.- El diputado Juan Manuel Molina García presentó ante el Pleno un punto de acuerdo, con la finalidad de que el Poder Legislativo exhorte al presidente municipal mexicalense, Jaime Díaz Ochoa, para que informe de las acciones, medidas preventivas, imposición de sanciones o denuncias presentadas, surgidas de la auditoría interna realizada por el síndico procurador a la pasada administración.
En la exposición de motivos, el representante popular de Movimiento Ciudadano refirió que es ampliamente conocida la situación financiera que hoy en día enfrentan los cinco ayuntamientos del Estado, en cuanto a préstamos y endeudamientos que suman millones de pesos y que afectan directamente la buena administración y prestación de los servicios a los ciudadanos.
En cuanto al municipio de esta ciudad, especificó
“Sin duda, el descalabro financiero que vive el Ayuntamiento de Mexicali no puede quedar impune, y que si de éste existen uno o varios responsables tienen que ser llamados a rendir cuentas y responder por sus actos. También es un hecho que, a la par, debe esta administración municipal y el Gobierno del Estado hacer lo necesario para recaudar ingresos desatendidos o que han sido considerados perdidos, pues cada peso al que se tiene derecho debe ser rescatado por los cauces legales que la Constitución nos concede”.
Molina García abundó: “Sin embargo, a pesar de lo evidente y del deber ser de la fiscalización y ejercicio de las contralorías municipales que se ejercen por conducto de los síndicos municipales –como lo indica la Ley de la Administración Pública Municipal–, durante varias administraciones no ha habido un solo responsable sancionado por las autoridades, debido a la falta de seguimiento o denuncias por quienes debieren hacerlo”.
El presidente de la Comisión de Justicia de la XXI Legislatura argumentó que no se ha cumplido con lo establecido en la fracción VII del artículo 8 de la Ley de Régimen Municipal, donde se plantea que el síndico procurador está obligado a informar al Congreso del Estado y al Órgano de Fiscalización Superior, sobre las irregularidades que éste encuentre en la administración de los bienes del municipio, la recaudación fiscal, los procedimientos administrativos, la ejecución de obras y el ejercicio de los recursos.
Por último, el legislador mencionó lo siguiente: “En días pasados fuimos testigos de conductas penosas que ponen en evidencia a representantes municipales que están más preocupados por las plazas de sus asesores, que por la correcta administración de los recursos municipales o por el seguimiento a desfalcos evidentes al Ayuntamiento del que son parte y que como representantes de su municipio debieren atender, si se toma en cuenta que este desfalco o mala administración asciende a poco más del mil millones de pesos”.
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