Rosarito Informa.-Para promover la protección de los estudiantes y sus familias, sobre todo a la economía familiar, la Diputada María del Carmen Frías, presentó una Iniciativa que adiciona el artículo 78 de la Ley de Educación para el Estado de Baja California.
Su objeto es que sea obligatorio para las personas físicas, morales y particulares, que impartan educación con autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios, apegarse a lineamientos administrativos que no menoscaben los derechos a la educación y que no exista abuso de tipo económico a estudiantes o padres de familia.
Al darle lectura a su exposición de motivos ante el Pleno del Congreso, la Legisladora mencionó que el crecimiento demográfico de la población en el Estado de Baja California, ha favorecido de manera acelerada el desarrollo de la educación de carácter privada impartida por personas físicas y morales, con autorización o reconocimiento de validez oficial.
Sin embargo, la problemática del rezago educativo en vez de solucionarse ha crecido, al grado de que cientos de niños y jóvenes no obtuvieron cupo en una institución educativa que estuviera cerca de sus domicilios, dándoles como opción por parte de la autoridad educativa, la inscripción en un plantel que por lo general se ubica a una gran distancia de sus hogares.
Indicó la Legisladora que esto origina que los padres de familia hagan verdaderos sacrificios de carácter económico, para inscribir a sus hijos en una escuela cercana, pero de carácter privado.
Lo cierto es que la educación que imparten las personas físicas y morales particulares en lo que respecta al nivel educativo y pedagógico es aceptable; el problema estriba cuando algunas escuelas con este carácter ven más allá del objeto que es la educación y se centran más en el negocio educativo, enfatizó.
Carmen Frías agregó que debido a esto, pueden realizarse prácticas perjudiciales para la economía familiar al imponerse de formas comerciales lesivas como son: expulsión por falta de pago de colegiatura, retención de documentación oficial del alumno como son: documentos escolares, actas de nacimiento y Curp, entre otros.
Además por falta de pago de colegiaturas, originando con ello, que el estudiante no pueda proseguir sus estudios en un plantel educativo de carácter público, ante la imposibilidad de los padres o tutores de cubrir estos conceptos, debido a graves problemas económicos familiares que son originados principalmente por la pérdida de empleos.
Por ello, consideró necesario proponer esta Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona una fracción VI al artículo 78 de la Ley de Educación para el Estado de Baja California, para que no se realicen prácticas nocivas de carácter económicas administrativas que perjudiquen al desarrollo educativo de los educandos o padres de familia como son: el aumento de colegiaturas en más de un 30 por ciento, por ciclo escolar; la retención de documentos oficiales por falta de pago de colegiaturas e imposición de compra de útiles escolares, uniformes, libros de texto, materiales de aseo en comercios exclusivos.
Finalmente expresó que además pretende con esta adición, evitar la obligación de realizar pagos extraordinarios para la realización de festejos ajenos a los fines de la educación, así como la compra y venta de objetos promocionales.
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