Por Fernando Ruiz del Castillo
Kiko, el emprendedor
Dicen que las desgracias –y los periodicazos, aseguran los políticos- no llegan solos.
Y eso lo está viviendo en carne propia el gobernador Francisco Vega de Lamadrid quien se ha convertido en un cliente de varios medios de circulación nacional, todos ellos de gran prestigio, seriedad y credibilidad.
El primer aviso llegó de parte de Reporte Índigo, una de las publicaciones más reconocidas y serias que existen en nuestro país, a cargo del periodista Ramón Alberto Garza, ex director editorial de El Norte, de Monterrey y director fundador de Reforma, de la ciudad de México.
Y eso, hay que mencionarlo, que el artículo no da cuenta de las propiedades de Kiko Vega en Chula Vista, California; en Acapulco, Guerrero y en Los Barriles, en Baja California Sur.
Cierto es, y hay que decirlo, que posiblemente la mayoría de las propiedades fueron adquiridas de manera legal por su “exitosa” actividad empresarial como propietario que fue de una importante cadena de casas de empeño que, por cierto, fueron vendidas al exsecretario de Gobernación, Santiago Creel.
Sin embargo, dada la cantidad de casas y terrenos que el gobernador posee y aparecen en el Registro Público de la Propiedad, no deja de generar dudas la posibilidad de que muchas otras propiedades estén registradas a nombre de su esposa y de sus hijos, hermanas, hermanos, primos, etcétera.
Y la mula no era arisca, pero ya ven lo que está ocurriendo en la vecina Sonora donde el gobernador Alfonso Padrés está siendo exhibido por la acumulación de bienes y propiedades, cuando hace cinco años vivía en una colonia de nivel medio tirándole a alto y hoy presume de ranchos con caballerizas y otros bienes con valor de muchos millones de pesos.
Así que por el bien de la transparencia y tal vez como respuesta a la impresión que Vega de Lamadrid dejó durante la reunión de la Conago, donde casi llamaba a la rebelión para evitar que la Auditoría Superior de la Federación, fiscalice las participaciones enviadas a los Estados, sería bueno que el Gobernador de Baja California presente públicamente su declaración patrimonial y, de paso, de intereses.
Al menos, así fue balconeado en la columna Bajo Reserva del periódico El Universal donde, textualmente se comenta que “un perredista y un panista, nos aseguran, encabezaron el motín contra el paquete de leyes anticorrupción que se espera sea aprobado este jueves en la Cámara de Diputados, para entregarlo al Senado y posteriormente recibir el aval de la mayoría de los congresos estatales.
Las cabezas de la rebelión fueron identificadas en la reunión de la Conago, realizada el miércoles en Durango: Graco Ramírez, gobernador perredista de Morelos, y Francisco Kiko Vega, mandatario panista de Baja California. ¿Qué les brincó a los amotinados?
El hecho de que la propuesta implica que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice hasta 92% de los recursos federales entregados a los gobiernos estatales, nos comentan. ¿Hay otros mandatarios estatales que se sumarán a la sedición?
Kiko Vega debe poner el ejemplo y al menos continuar con la faramalla del exgobernador José Guadalupe Osuna Millán quien año con año, excepto el último, presentaba vía internet una supuesta declaración patrimonial.
Ya no vale el pretexto de la seguridad para evadir esa exigencia social, conspirando que mientras él y su familia están bien protegidos por el Estado, con policías pagados por los bajacalifornianos, éstos –los bajacalifornianos- viven constantemente en la incertidumbre y el riesgo de la inseguridad, aún sin declarar públicamente sus bienes, porque no tienen quien los cuide.
¿S e animará Kiko Vega a presentar sus declaraciones patrimonial y de intereses o, como lo hizo su vecino de Sonora, lo mandará la archivo para clasificarlo como información reservada hasta por doce años?
++++++
Y a propósito de Osuna Millán.
Parce ser que tendrán trabajo qué hacer en diversas dependencias del Gobierno del Estado para aclarar e informar a la Auditoría Superior de la Federación el por qué no se utilizaron más de $400 millones asignados para diversos programas relacionados con la seguridad pública y salud, entre otros, durante el ejercicio fiscal 2013.
El diputado René Mendívil Acosta, coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, puso ayer el cascabel al gato desde la tribuna cuando señaló que la Auditoria Superior de la Federación detectó que del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, el Estado no había ejercido el 17.9% de los mil 77 millones 749 mil 800 pesos transferidos por lo que no se realizaron todas las obras programadas dentro de ese ejercicio fiscal.
Además, dijo, del Fondo de Aportaciones Múltiples, el Gobierno del Estado tampoco ejerció 65 millones 72 mil 800 pesos para otorgar desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema, apoyos a la población en desamparo, así como construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica y equipamiento de educación superior en su modalidad universitaria, que son los fines del programa federal.
Si bien es cierto este subejercicio correspondió al último año del gobierno de Osuna Millán, el llamado del legislador priista resulta oportuno para evitar que por incapacidad o ignorancia, sigan desaprovechándose los cientos de millones de pesos que la Federación pone a disposición de los bajacalifornianos.
Desgraciadamente, parece que vamos por la misma ruta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario