Rosarito Informa.-La transparencia y rendición de cuentas dejó de ser un
simple sueño de muchos, para volverse una realidad que ahora adquiere el
carácter de constitucional, al quedarse Baja California retrasada en esta
materia, indicó la diputada Cynthia Selene Ruiz Ramos.
Así lo indicó al presentar una iniciativa con proyecto de
decreto que adiciona la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Estatal: “entendemos que se están realizando foros donde se escuchan todas las
opiniones para un proyecto integral, por lo que con la presente iniciativa hago
mi aportación al mismo”.
En dicha iniciativa que fue turnada a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales con opinión de la Comisión de
Transparencia, la legisladora propuso que el órgano garante que analiza desde
el inicio hasta la conclusión las solicitudes de información bajo las cuales se
presenta el recurso de revisión, determine la responsabilidad de los servidores
públicos y de manera oficiosa se turne a los órganos de control para el
procedimiento que marca la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos.
“Ya no más respuestas con la intención de dilatar la
información sin justificar el por qué el retraso de la misma, se debe entender
que la transparencia es una obligación y, que más que el Órgano Garante como
imparcial en los recursos de revisión, sea quien determine o no la
responsabilidad de los servidores públicos”, resaltó.
Según dijo Cynthia Ruiz, en los últimos dos años el
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California
(ITAIPBC), ha recibido 458 recursos de revisión en relación a las respuestas de
acceso a la información solicitada por los peticionarios que no están conformes
con la respuesta recibida.
“Estamos hablando de un número muy alto en relación a las
solicitudes de acceso a la información que reciben las dependencias. Y no
refleja que los servidores públicos no dimensionan la responsabilidad de la
transparencia en sus entidades”, destacó.
Resaltó que peticiones de ampliación del termino sin
justificación alguna, respuestas inexistentes, confusas o totalmente ajenas a
la petición original, son situaciones a las que se enfrentan los ciudadanos o
periodistas cuando solicitan el acceso a la información, debido a que los
servidores públicos han usado esta laguna legal de la no sanción, para seguir
contestando sin el cuidado debido a la petición de la ciudadanía.
Sin embargo, Cynthia Ruiz dejó en claro que: “no es una
simple petición, ya que estamos obligados constitucionalmente a cumplir”.
Por tales motivos, presentó una adición al artículo 103 de
la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública local, para quedar
como sigue: “el órgano garante deberá en su resoluciones señalar las omisiones
y violaciones a la presente por parte de los servidores públicos habilitados,
así como turnar al órgano de control interno que corresponda para que inicie el
procedimiento conforme a la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos.
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