Rosarito Informa.-La inclusión de Tijuana y Mexicali en la relación de los 50 municipios con más homicidios violentos en el país, es una señal de alarma que obliga a todos, incluyendo a las autoridades estatales y municipales, a establecer acciones que contribuyan a recuperar la tranquilidad de los bajacalifornianos.
Al señalar lo anterior, la diputada federal Nancy Sánchez Arredondo adelantó que precisamente en concordancia con esa preocupación y en respuesta a esa exigencia social, la agenda legislativa del Partido Revolucionario Institucional contempla propietario el aspecto de la seguridad ciudadana y la justicia democrática para el tercer periodo ordinario de sesiones que hoy inició.
La legisladora federal expresó su preocupación por los elevados índices de inseguridad en Baja California que la colocan, de acuerdo con el más reciente reporte del Secretariado Ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, en el quinto lugar a nivel nacional con 56,039 delitos cometidos.
Además, según la misma dependencia, Tijuana, Baja California aparece en el segundo lugar de las ciudades con el mayor número de asesinatos, con 460, apenas debajo de Acapulco, Guerrero, con 554, y arriba de localidades consideradas tradicionalmente extremadamente violentas como son Culiacán, Sinaloa (222) y Ciudad Juárez, Chihuahua (210).
Consideró un acierto del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto incluir a Baja California en las primeras entidades del país en las que comenzará a operar el número de emergencias 911 a partir de octubre próximo.
“El presidente Peña Nieto ha sido muy respetuoso, pero también muy claro que, si bien todos estamos comprometidos a favor de la seguridad, los gobiernos estatales y los municipales deben reforzar las acciones preventivas en la materia y de combate a la delincuencia en todas sus manifestaciones”, señaló.
La diputada Sánchez Arredondo indicó que desafortunadamente en los últimos meses la ciudad de Tijuana, en lo particular, ha sido escenario de un recrudecimiento en el número de asesinatos que deben preocupar a las autoridades locales a fin de establecer las estrategias de inteligencia y prevención antes de que las cosas se salgan de control.
El gobierno de la República vía los Fondos de Fortalecimiento de Seguridad Pública y el FASP, anotó, ha estado apoyando al Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública, y a los Ayuntamientos, con recursos para la prevención y el combate a la delincuencia.
Anunció que como bajacaliforniana, estará atenta a impulsar desde la LXIII Legislatura todas las leyes y reformas enfocadas a fortalecer la seguridad y privilegiar el estado de derecho, especialmente en lo que se refiere a justicia cotidiana y la segunda generación de reformas en justicia.
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