Cero Grados.-La diputada Victoria Bentley Duarte (PAN) propuso durante la
sesión plenaria, una iniciativa de reforma al artículo 293 del Código Penal del Estado, con el propósito de
aumentar la pena hasta en una mitad al funcionario público que retenga o
retrase las cuotas de los trabajadores que deben enviarse a las instituciones
de seguridad social, cuando sea por tres meses consecutivos y sin causa
justificada.
La
representante popular panista dio a conocer que actualmente dicho artículo, en
su fracción décimo cuarta, establece que comete el delito de abuso de autoridad
todo servidor público, sea cual fuere su categoría, en los casos “que teniendo
la obligación legal de enterar a las instituciones de seguridad social,
estatales o municipales, las cuotas o aportaciones establecidas en la ley, las
retenga indebidamente o retrase su pago sin causa justificada, si ya hubiera sido
previamente requerido por la Institución de Seguridad Social”.
En ese
sentido, su propuesta sugiere incorporar a esa fracción la siguiente leyenda:
“Las penas previstas en el artículo anterior se aumentaran hasta en una mitad,
cuando la retención indebida o el retraso en el pago sin causa justificada, se
lleve a cabo por tres meses consecutivos, previo requerimiento de la
Institución de Seguridad Social”.
Destacó que entre esos servicios y prestaciones se
encuentran el seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad, el
derecho a jubilación, la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios,
pensión por invalidez y por causa de muerte, entre otros.
Indicó que resulta evidente lo prioritario que es para
Issstecali recibir en tiempo y forma las cuotas de los trabajadores, ya que
éstas constituyen parte de su patrimonio y le auxilian en gran medida para
cumplir con sus obligaciones.
“Es en este punto en el cual se basa nuestra intención
legislativa, ya que en la realidad, la omisión histórica por parte de los
gobiernos de los cinco Ayuntamientos del Estado de entregar oportunamente el
dinero de las cuotas de seguridad social al
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, ha sido en algunos casos
desfavorable y contraria a los derechos de los empleados a los que catorcena
tras catorcena se les descuenta su cuota para seguridad social”, subrayó la
legisladora.
Y agregó: “Estas omisiones de los Ayuntamientos han generado
una deuda con Issstecali que actualmente asciende a los dos mil millones de
pesos, dinero que sin duda fue descontado a los trabajadores pero nunca llegó a
las arcas de la institución de seguridad social, generando por una parte
retraso en la calidad del servicio que se presta y, por otro lado, un grave
daño al sistema de pensiones y jubilaciones”.
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