Cero Grados.-El Pleno del Congreso local aprobó en lo general, con 15
votos a favor y 10 en contra, el dictamen 48 proveniente de la Comisión de
Hacienda y Presupuesto, que contenía la iniciativa que crea la Ley del Agua
para el Estado de Baja California (LAEBC), propuesta por el Poder Ejecutivo, la
cual contempla la instauración de dos organismos metropolitanos estatales: uno
para Ia zona costa, que abarcaría los municipios de Tecate, Tijuana, Playas de
Rosarito y Ensenada, y el de Ia zona metropolitana del municipio de Mexicali.
Asimismo
fue aprobada una reserva en lo particular, con 22 votos a favor y cero en
contra, planteada por la diputada Victoria Bentley Duarte (PAN), para incluir
en la LAEBC 6 artículos transitorios, donde se especifica, entre otras cosas,
“que las presentes reformas no afectarán los derechos adquiridos y demás
prestaciones reconocidas a los trabajadores de base de las Comisiones Estatales
de Servicios Públicos de Mexicali, Tecate, Tijuana y Ensenada con anterioridad
al presente Decreto y a la sustitución patronal que refiere el inciso c) del
artículo noveno transitorio”.
En su
argumentación, el Ejecutivo estatal refirió que según un estudio efectuado en
el 2016 por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la entidad ocupa uno de
los primeros lugares en sequía extrema en el país, por lo que esta nueva ley
dotará de nuevas alternativas para que no falte el vital líquido en Baja
California.
Por otra
parte, mediante la creación de un Consejo Consultivo Estatal del Agua, promueve
la participación del sector social y privado para la mejor distribución y
aprovechamiento del agua, así como para conservar y controlar su calidad, a fin
de que se cumplan las acciones de planeación, gestión, conservación y
preservación de las aguas de jurisdicción estatal.
Adicionalmente, propone la posibilidad de que el sector social y privado
puedan prestar total o parcialmente los servicios públicos, así como el
aprovechamiento de las aguas residuales tratadas, la administración, operación
y mantenimiento, de forma total o parcial de los sistemas destinados a la
prestación de los servicios de agua en bloque, de agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, e inclusive la
ejecución de las obras de infraestructura hidráulica y los proyectos
relacionados con dichos servicios públicos.
En cuanto
al cobro de los servicios públicos, se establecen las tarifas medias de
equilibrio para el cobro de los derechos en materia de agua, mediante las que
se pretenden generar ingresos suficientes para cubrir los costos derivados de
Ia operación, mantenimiento y administración de los sistemas, así como Ia
rehabilitación y mejoramiento de Ia infraestructura existente, además de Ia
amortización de las inversiones realizadas.
Se precisa que dichas tarifas se actualizarán de forma
anual, a través de una fórmula preestablecida, de tal forma que las cuotas y
tarifas por los derechos de servicios públicos de agua potable y
alcantarillado, dejarán de preverse en las leyes de ingresos de cada ejercicio
fiscal.
En referencia a la nueva metodología para determinar las
tarifas y cuotas, en la exposición de motivos se explica que “se debe
principalmente al incremento en los costos de conducción de agua en bloque,
particularmente en energía eléctrica, en función a Ia dotación de agua
requerida para los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, por un importe
de 499.98 millones de pesos, que son 102 millones de pesos adicionales al
2016”.
Asimismo, se agrega
que se debe a la disminución de recursos por parte de participaciones federales
propuestas por el Ejecutivo federal para el ejercicio 2017, lo que va en
perjuicio de los programas de apoyo que Ia Comisión Nacional de Agua (Conagua)
proporciona a los organismos operadores, para lo cual se tiene estimado que en
el ejercicio 2017 serán 130 millones de pesos menos lo que se recibirá de
participaciones federales con relación al ejercicio fiscal actual.
Por otro lado, se señala que Ia modificación en las tarifas
se empleará para realizar reposiciones de herramientas, equipos e instrumental
de trabajo de brigadas de mantenimiento y laboratorios de agua potable y aguas
residuales, lo que actualmente no es posible realizar, ya que tiene un costo
aproximado de 22 millones de pesos, cantidad que dada la situación financiera
de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado, no es posible
pagar.
Además de que se favorecerá la reposición de tubería en
diversas ciudades de Baja California que, en algunos casos, cuenta con más de
40 años de operación.
En el artículo transitorio segundo de este nuevo
ordenamiento, se establece la abrogación de Ia Ley que Reglamenta el Servicio
de Agua Potable; Ia Ley de Fomento a Ia Cultura del Cuidado del Agua, así como
Ia Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos, todas del Estado, y
demás disposiciones en materia de agua potable y alcantarillado sanitario vigentes
en Baja California.
No hay comentarios:
Publicar un comentario