Por.- Alfredo Calva
¿Cuánto vale la protección a la corrupción?....
Realizar actos de corrupción dentro de la función pública sin que estos tengan consecuencia alguna para sus ejecutores, requiere de la protección de mandos superiores a los actores involucrados y en la mayoría de las veces, del organismo responsable de vigilar y garantizar de que eso no suceda.
Tal es el caso que se registra en la Dirección de Administración Urbana del XXII Ayuntamiento, a cargo de la arquitecto Hayde Martínez Espinoza, quien tiene bajo su mandato a los jefes de departamento de Uso de Suelo, Corina López Zúñiga y de Edificaciones, Ricardo Guereña Castro, a quienes solapa la venta y entrega indiscriminada, y violatoria a la veda existente, de anuencias para la construcción y operación de centros de carburación de gas l.p.
Corina López y Ricardo Guereña, han violentado el acuerdo de cabildo realizado por el cuerpo edilicio del XXI Ayuntamiento pactado en la sesión celebrada el primer día de noviembre del 2016, en el que se declaró la moratoria para las anuencias para todo lo referente a los centros de carburación en el municipio, y esa moratoria aunque inobservada por los nocivos funcionarios, continúa vigente.
Colaboradores cercanos a López Zúñiga y Guereña Castro, han señalado que ambos personajes pagan la protección de su superior inmediato con las sustanciales ganancias que le hacen llegar, producto de la venta y entrega de las anuencias para la instalación y operación de centros de carburación de gas l.p. que estiman que se encuentran tasadas en diez mil dólares por trámite en cada una de las dependencias.
Los ciudadanos han denunciado estas acciones ilegales a Hayde Martínez Espinoza superior jerárquica de López Zúñiga y Guereña Castro, para que actúe en consecuencia y corrija las anómalas e ilegales acciones en que han incurrido sus subordinados, sin embargo, ante la política de oídos sordos que ha empleado la funcionaria ante las denuncias realizadas, hace suponer que la venta de protección hacia sus subordinados es un hecho, ven con pesar y desesperación que su integridad física y patrimonial con estos centros de carburación otorgados para las delegaciones municipales de San Antonio los Buenos, Playas de Tijuana, La Presa y El Centro, estarán en riesgo.
Y, para desgracia de los quejosos, como si ya la colusión de la titular de Administración Urbana no fuera de mala suerte para ellos, la titular de la Sindicatura Procuradora, Marcela Guzmán Valverde, ha mostrado estar en el triunvirato corruptor de los permisos indebida e ilegalmente se han entregado, ya que la omisión e indolencia han sido sus respuestas ante las denuncias de corrupción que le han hecho en contra de los referidos funcionarios.
Guzmán Valverde ha practicado en este asunto la técnica del avestruz, ha enterrado la cabeza y solo extiende la diestra para recibir papeles verdes que le allegan de las dependencias involucradas en la corrupción y con ello los actores involucrados obtienen que la cobija de la corrupción que se viene registrando a través de la indolencia, omisión y colusión de funcionarios que se están beneficiando con la inobservancia a la declaratoria de veda al otorgamiento de anuencias para centros de carburación de gaseras l.p., les cubra totalmente, garantizándoles la impunidad plena.
La organización denominada “Retos y Logros Cumplidos A.C.“ y los ciudadanos que se sienten inseguros y que su integridad física y patrimonial están en riesgo, tendrán que presionar y exigir a la incapaz Procuradora General del Estado, Perla Ibarra, trabajar y cumplir con su responsabilidad, dando atención a la denuncia de hechos plasmada bajo el numeral 0204-2017-48735, y actué en consecuencia.
Y mientras tanto….
Los diputados locales de oposición, en su mayoría, gozarán los bonos económicos que se ganaron, luego de haber aprobado el negocio al gobernador Francisco Vega.
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