La legislación de la protección de periodistas establece un marco legal claro para la cooperación entre autoridades federales y estatales en la implementación de medidas eficaces para la protección de defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas en riesgo.
La participación plena de representantes de la sociedad civil en el mecanismo será esencial para asegurar su eficacia y legitimidad.
El mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas acordado entre la Secretaria de Gobernación y la sociedad civil debe ser reforzado. Es hora de ponerlo en marcha con el impulso de la nueva ley y con base en los protocolos acordados y los recursos necesarios para garantizar su eficacia, consideró a organización.
“Es también crucial que las autoridades entiendan que sus responsabilidades no se limitan al establecimiento de un mecanismo de protección. La impunidad ante amenazas, ataques y asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas, continúa siendo uno de los mayores retos para la mejora de la seguridad de estos fundamentales actores sociales. En este sentido, es necesario se comiencen a trabajar medidas concretas” indicó AI.
El asesinato en Veracruz de la periodista de Proceso, Regina Martínez, el 28 de abril, es otra muestra más de la vulnerabilidad de este colectivo. No debe permitirse que este crimen quede en la impunidad como tantos otros.
Amnistía Internacional manifestó que llevar a los responsables ante la justicia y asegurar la protección de las víctimas, los periodistas y las defensoras y defensores de derechos humanos son avances esenciales para mejorar la situación de derechos humanos en México.
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