Previo a la
comparecencia de Cardona Benavides, el Secretario de Seguridad Pública Daniel
de la Rosa y el Procurador de Justicia Rommel Moreno habían negado que en sus
dependencias contaran con la tecnología, el equipo y personal capacitado para intervenir
llamadas telefónicas, no obstante que las facturas exhibidas demuestran que se
cuenta con un sistema de espionaje mismo
que es ilegal como se suscribe en el Artículo 16 Constitucional que establece:
“Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará
penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las
mismas”. “Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la
autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la
entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de
cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá
fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo
de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial
federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de
carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en
el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor”.
Así mismo, el Artículo 177 del Código Penal Federal señala: “A quien
intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial
competente, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de 300 a
600 días multa”
Durante la
comparecencia de los Secretarios de Gobierno, de Seguridad y el Procurador
General de Justicia del Estado ante los Integrantes de la Junta de Coordinación
Política, el Diputado Julio Felipe García reveló documentación producto de
auditorías federales y estatales a los que son objeto el Gobierno del Estado,
de las cuales se evidenció una serie de facturas expedidas por la empresa “Safeguard
Products of México”, en la cual se detallan adquisiciones y pago de servicios
que proporciona dicha empresa, para la intervención de líneas telefónicas.
Las compras
ascienden a varios millones de pesos y destacan la adquisición de un sistema de
grabación de líneas telefónicas analógicas de un costo de 48 mil dólares, tres estaciones
de vigilancia GSM multibandas con un costo de 402 mil dólares cada una y de 3 geolocalizadores
de objetos y mapeo de un costo unitario de 3 mil dólares, así como el pago de
dos servicios de capacitación para investigadores técnicos en monitoreo
electrónico “Penlik” de 13 mil 500 dólares impartido a cinco personas.
El servicio
de “Penlink” produce intercepción de
datos y vigilancia de los equipos y programas informáticos que incluye entre
otros: líneas de teléfono alámbricas, inalámbricas, satelitales 3G, entre
otras.
Durante la
comparecencia, el Diputado Julio Felipe García le recordó a Cardona Benavides la
revelación que le hizo en una reunión formal entre el Secretario de
Gobierno y el Presidente de la Comisión Instructora del Congreso, cuando Cardona
Benavides le aseguró a García Muñoz que sólo el Secretario de Seguridad Pública
Estatal, Daniel de la Rosa, es el único capaz de poder intervenir y grabar
conversaciones telefónicas a solicitud expresa del titular del Ejecutivo del Estado,
José Guadalupe Osuna Millán.
Así mismo, en
entrevista posterior a la comparecencia Cardona Benavides aseguró que el equipo
con el que cuenta el Gobierno del Estado “no es para espiar a políticos o ciudadanos”,
sin embargo, nunca aclaró que existan medidas para garantizar que el equipo
adquirido no sea utilizado para tales fines.
Las comparecencias
de los tres integrantes del gabinete del Gobierno estatal fueron presididas por
el Diputado Gregorio Carranza y asistieron los Diputados: Claudia Agatón, Rubén
Alanis, Alfonso Garzón, Juan Montejano, Rosana Soto, Virginia Noriega, Carlos Murguía, Rubén Fernández,
Arcelia Galarza, Ricardo Magaña, María del Rosario Rodríguez y Máximo García.
Dentro de los
cuestionamientos hechos a los representantes del gobierno estatal destacó la
exigencia de explicar ¿porqué? el Jefe de Información de Comunicación Social
del Gobierno Estatal se encargó en difundir la grabación obtenida ilegalmente,
producto de la intervención telefónica hecha al Diputado Elí Topete, ante lo
que el Secretario de Gobierno contestó que fue “por un asunto de morbo”, a lo
que García Muñoz le replicó: “precisamente el morbo del gobierno el que nos
tiene éste día aquí exigiendo una explicación”.
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